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Asimismo ADIC señaló que este hecho "obliga" la cesión de Altamira a la Comunidad Autónoma.

A juicio de la asociación, la decisión del organismo supone el reconocimiento del singular arte paleolítico de la Cornisa Cantábrica en general, de la que Cantabria es "zona destacada", y "debe obligar a destinar más recursos a la investigación, conservación y divulgación de este patrimonio", defendió en nota de prensa.

En este sentido, ADIC consideró "necesaria" la colaboración institucional del Ministerio de Cultura, tanto económica como administrativa, habilitando un nuevo marco jurídico que incorpore Altamira al ámbito competencial cántabro, "al ser ésta el elemento básico en la decisión de la UNESCO".

Igualmente, ADIC abogó por la articulación de vías de colaboración interadministrativas "que pasen por una eficaz gestión de nuestro patrimonio arqueológico", pero subrayó que "todas deben pasar ineludiblemente por la participación de las instituciones cántabras".

Según el colectivo cantabrista, no se entendería que las nueve cuevas cántabras incorporadas al patrimonio mundial quedaran al margen de Altamira "por un asunto administrativo relacionado con la titularidad" y tampoco "sería admisible" que aquéllas se incorporasen a la gestión del Estado obviando a Cantabria.