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El Estado español, a través del Gobierno central, atenderá la exigencia de la Unión Europea y en 2007 abonará en torno a 1,5 millones de euros por el canon bibliotecario; mientras que para 2008 se prevé que la cantidad que se deba pagar sea asumida también en parte por las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos.

Así lo expusieron hoy, en Santiago de Compostela, el ministro de Cultura, César Antonio Molina, y el director general de Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura, Carlos Alberdi, quienes confirmaron que este asunto fue planteado a los consejeros del ramo en la Comisión Sectorial de Cultura.

El canon bibliotecario es, según concretó el ministro, "el dinero que se abona por utilizar las bibliotecas" y que en España "no lo paga el usuario". Molina, que recordó que este canon "lo pagan todos los países de la UE, confirmó que España no compartía este asunto, pero que perdió en un juicio y eso obliga a reconsiderar la postura.

Acatar las leyes

El ministro de Cultura afirmó que España es miembro de la UE y como tal "debe acatar las leyes, las que gustan y las que gustan menos". Así, detalló que "la multa es infinitamente mayor que pagar el canon", por lo que se ha decidido abonar la cantidad correspondiente en 2007 y concretar con las comunidades y los ayuntamientos la forma en que se hará en 2008.

Según los responsables de Cultura, la UE descuenta la cantidad a abonar por este concepto de los fondos europeos que recibe España. Al respecto, Carlos Alberdi concretó que en 2007 la cantidad a abonar por el canon bibliotecario es de en torno a 1,5 millones de euros frente a los 10 millones que habría que aportar en caso de multa.

Mientras en 2007 será el Gobierno central el que asuma esta cuestión, para 2008 el Ministerio de Cultura promueve contactos de caracter técnico con el fin de concretar la participación que deberán tener también las comunidades y los municipios. Al respecto, el director general de Cooperación y Comunicación Cultural detalló que la previsión es que para el próximo año el Estado asuma "un tercio" de la cantidad a abonar y el resto se lo repartan entre comunidades y ayuntamientos en un porcentaje aún por determinar.