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Un caso paradigmático de esta situación de indefinición es el que desde hace meses protagoniza la localidad leonesa de Grajal de Campos. El hecho de que no esté nada clara la propiedad de tres tallas de una iglesia de este municipio, que se llevaron las monjas de clausura que residían en esta villa a su nueva residencia a Toledo, ha llevado este asunto a los tribunales. La Cofradía de la Orden Tercera Franciscana de San Antonio denunció el pasado mes de marzo en el Juzgado de Sahagún a estas monjas de la orden Carmelitas Descalzas por un supuesto delito de apropiación indebida. La cofradía les acusa de llevarse tres tallas de la iglesia La Antigua, situada junto al convento en el que residían. Se trataba del Cristo Yacente, posiblemente del siglo XIV, además de La Inmaculada Concepción y San José con el Niño en Brazos, ambas del siglo XVII.

El asunto no ha estado exento de polémica, ya que dos de las tallas precisamente participan en dos procesiones de la villa, una de ellas la del Cristo Yacente del día de Viernes Santo, a la que el pueblo profesa gran devoción. En vísperas de esta procesión, hasta Toledo se desplazaron trescientas personas vinculadas a esta pequeña villa leonesa, que no tiene muchos más habitantes, a hacer una sentada para expresar su malestar por lo sucedido ante el convento para exigir las tallas. Sin embargo, hasta el momento las monjas se niegan a devolverlas con el pretexto de que son suyas. En estos momentos el litigio está en los tribunales, que finalmente serán los que resuelvan el asunto.

Mientras tanto, el Obispado de León alega que es competencia de la Santa Sede y la Junta dice que no puede hacer nada. Por su parte, el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Fernández, apeló en su momento a las monjas para que «reconsideren la postura de fuerza que han tomado llevándose unas tallas» y les pidió que si creen que son suyas que lo demuestren. El delegado reconoció no se sabe de quién son las tallas y que la Junta de Castilla y León no tiene capacidad para intervenir en este tema, porque «aquí de producirse algo es una apropiación indebida de las personas que están en uso y disfrute de las tallas; se las llevan contra la voluntad del propietario y este tendrá que hacer algo». Fernández argumentó que es una propiedad privada, «que no ha sido puesto de manifiesto a la Junta de que fuese sustraída», y que, respecto a este tipo de propiedades, «existe una ley que regula hasta los movimientos que se pueden hacer con estas piezas».