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Según informó el Ministerio, la solicitud se produce antes de que la ley vasca sea publicada en el Boletín Oficial del País Vasco para que, cuando esto se produzca y puesto que el informe del órgano consultivo es preceptivo, el Gobierno pueda presentar inmediatamente el curso de inconstitucionalidad.

Es la "muestra de la determinación de interponer recurso contra esta ley en el plazo más breve posible", se aseguró hoy desde Administraciones Públicas. Junto a la carta que firma la ministra Elena Salgado, y puesto que no hay una publicación oficial de la ley, el ministerio envía al Consejo el texto disponible en la página web del Legislativo de Vitoria.

Tramitación

La legislación obliga al Gobierno a solicitar un informe al Consejo antes de acudir al Constitucional. Y para acudir al Alto Tribunal, según argumentó hoy la ministra Elena Salgado, es necesario además que la ley del Parlamento vasco sea publicada en el Boletín Oficial de aquella Comunidad Autónoma, lo que no se ha producido cinco días después de la aprobación de la consulta.

Será el presidente del Gobierno quien interponga el recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque previamente consultará a su Consejo de Ministros, agregó Salgado. La presentación del recurso por el Jefe del Ejecutivo producirá la suspensión automática de la norma, aunque transcurridos como máximo cinco meses, el Tribunal deberá decidir si amplía este plazo o levanta la suspensión.

Otra posibilidad legal es que al menos 50 diputados o senadores de cualquier partido interponga un recurso. Administraciones Públicas explicó hoy que si el PP quiere dar este paso, como han anunciado sus dirigentes, deberán "también esperar a que se publique esta norma en el Boletín Oficial del País Vasco". Este recurso, añadió el ministerio, no supone sin embargo la suspensión inmediata de la aplicación de la ley.

"El Gobierno espera de los partidos políticos, especialmente del principal grupo de la oposición, que demuestren su lealtad al Estado de Derecho y, por tanto, no utilicen este tema con fines partidistas poniendo en cuestión, de forma injustificada, la firme voluntad del Gobierno de interponer el recurso tan pronto como legalmente sea posible", agregó el MAP.