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Así lo confirmó ayer el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en declaraciones en Valencia en relación a la propuesta de Ibarretxe de convocar un referéndum de autodeterminación en octubre del próximo año. "Hay una presunción, una promesa ante los electores de que se va a cometer una ilegalidad pero no hay una certeza de que se realice".

En rueda de prensa previa a la conferencia "Inmigración y Empresa. Retos actuales y futuros de la integración de la inmigración en nuestra economía", Múgica destacó que la promesa del lehendakari es "una manifestación in sectaria dentro del margen de la ilegalidad, a la que Ibarretxe nos tiene acostumbrados". Por esta razón, "hay que contestarla desde la legalidad constitucional", agregó.

En caso de que Ibarretxe cumpla con lo dicho y trate de llevar su consulta a la práctica, el Defensor del Pueblo subrayó que se podría tumbar con la Constitución en la mano a través de dos artículos: el 155 y el 161. De esta forma, el Gobierno, con mayoría absoluta del Senado, podría imponer medidas para "restablecer el interés general de España o para que no sea menoscabado" o, por otro lado, el Ejecutivo "podría ir al Tribunal Constitucional para que éste adopte medidas para que la Constitución sea restablecida en su integridad".