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En la misma iniciativa, se emplaza al Ejecutivo a que dé cumplimiento a las obligaciones que asumió con la firma y ratificación del "Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes", que entró en vigor el 22 de junio del año pasado.

Además, el Congreso solicita de la Fiscalía General del Estado una "especial dedicación y diligencia en la persecución de estas prácticas criminales tipificadas bajo la rúbrica "de las Torturas y otros Delitos contra la Integridad Moral"".

PERSECUCION TENAZ CONTRA ESTOS DELITOS

En la resolución, el grupo parlamentario del PNV recuerda que el "Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura" regula la obligación de establecer mecanismos nacionales de prevención, uno o varios, a más tardar un año después de la entrada en vigor, que deben tener el carácter de independientes. Según añade, ya se ha cumplido el plazo de un año y "todavía no se ha plasmado esta obligación".

Además, subraya que "todos los años la Memoria de la Fiscalía General del Estado refleja en su Anexo Estadístico la existencia de procedimientos por estos delitos, tratos degradantes, torturas, atentados contra la integridad moral y omisión del deber de impedir torturas, prácticas incompatibles con la salvaguarda de los derechos humanos en un Estado democrático".

Por todo ello, los nacionalistas vascos recalcan que el Gobierno debe, con el apoyo del Congreso, "comprometerse de manera activa y urgente a establecer los mecanismos de prevención efectiva, persecución tenaz y castigo por tales comportamientos que constituyen tan grave violación de los derechos de las personas privadas de libertad".