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En comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, De la Vega reiteró el "compromiso" del Gobierno de "constituir un comité de expertos que haga una evaluación completa del funcionamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo".

Según explicó, una vez este "comité" haya alcanzado conclusiones, el Gobierno tratará "de consensuar la reforma que se considere mejor para garantizar que se puedan producir interrupciones voluntarias del embarazo (...) en condiciones de garantías, y estableciendo las pautas de los modelos que en este sentido exigen las legislaciones europeas".

"No cerramos la puerta en absoluto a que podamos desarrollar ese tema de la mejor manera posible, incrementando las garantías de los derechos de las ciudadanas", apuntó la vicepresidenta.

Fernández de la Vega, que abordó el la cuestión tanto en su comparecencia inicial como en respuesta a las preguntas de los parlamentarios, incidió en que "mientras se produce o no se produce la modificación de la ley" el Gobierno "va a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y los profesionales de la sanidad a poder actuar con arreglo a lo dispuesto en la ley hoy vigente, cosa que en algunas actuaciones, se ha puesto en riesgo".

"Es evidente que ha habido actuaciones donde determinados derechos se han podido ver vulnerados y este Gobierno no lo va a permitir: el derecho a acceder a una prestación determinada (...) a la intimidad y a la confidencialidad", reiteró.