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La sentencia considera que los acusados no actuaron correctamente desde la perspectiva administrativa al suprimir del informe de los peritos la vinculación entre ETA y el 11-M a partir del hallazgo de ácido bórico en el domicilio de uno de los condenados por los atentados de Madrid, aunque indica que "no toda irregularidad administrativa resulta incardinable en la norma penal".

En este sentido, afirma que "las mutaciones de un documento inanes, inocuas o intrascendentes y que por tanto no menoscaban el bien jurídico que tutela la norma penal, deben quedar extramuros de la sanción punitiva".

Los policías absueltos son el comisario general de la Policía Científica, Miguel Angel Santano; el jefe de la Unidad de Análisis, José Andradas; el secretario general, Pedro Luis Mélida; y el jefe del Laboratorio Toxicológico, Francisco Ramírez. Santano se enfrentaba a seis años de cárcel por un delito de encubrimiento y, en grado subsidiario, las acusaciones populares pedían para él tres años por otro delito de encubrimiento.

También por el delito de falsedad documental, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y Manos Limpias pidieron seis años de cárcel tanto para Mélida como para Ramírez y Andradas. La Fiscalía pidió la absolución de los cuatros acusados.