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Un portavoz del departamento que dirige Miguel Ángel Moratinos declaró que «el Peñón y el Istmo no poseen otras aguas de soberanía británica que las interiores al puerto de Gibraltar». «Todas las demás aguas en torno -añadió- son de soberanía española y así se ha hecho constar siempre por España, también al ratificar en 1984 la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar».

Según el portavoz, «eso no impide que en aras de la buena vecindad se coopere para resolver los problemas medioambientales o marítimos que puedan surgir». En esa línea se enmarcaría una próxima reunión «monográfica» para abordar «la contaminación que procede de Gibraltar» a tres bandas, es decir entre España, el Reino Unido y las autoridades gibraltareñas, que fue anunciada por Cristina Narbona, sin concretar la fecha.

Reiteración

La ministra volvió ayer a incurrir en el mismo error que el pasado lunes al afirmar que el mal tiempo no ha permitido continuar el desguace del barco para retirarlo de «aguas gibraltareñas». También la consejera andaluza de Gobernación, Evangelina Naranjo, se refirió de nuevo al barco diciendo que estaba en «aguas gestionadas por Gibraltar».

Ante la reiteración de estas expresiones, que coinciden con la postura de Gibraltar y del Reino Unido, que reclama jurisdicción sobre las aguas que circundan la colonia hasta tres millas náuticas, Exteriores tuvo que salir al paso expresando cuál ha sido siempre la posición de España en este punto. En cualquier caso, se puso de relieve la falta de coordinación en el seno del Gobierno sobre un punto tan delicado, en el que pueden verse perjudicados los intereses españoles.

El Gobierno español aceptó que Gibraltar gestionara el rescate del «New Flame», pese a encontrarse en aguas españolas, porque entiende que la responsabilidad de los sucedido es de la colonia británica al permitir que el buque saliera sin autorización del puerto. Ello no supone, sin embargo, ningún reconocimiento de jurisdicción sobre esas aguas.

Por su parte, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, acusó ayer al Ejecutivo desde Berlín porque «durante siete meses no ha hecho nada, ha dejado que un barco estuviera allí y al final ha ocurrido lo que era previsible».

Para Rajoy, la actuación constituye una «muestra de ineficacia y de hipocresía descomunal por parte del Gobierno». «Creo que ahí la responsabilidad es del Gobierno porque las aguas son del Gobierno español y, por lo tanto, no acepto de ninguna manera que se ponga en tela de juicio eso», dijo.