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El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ordenó el pasado 22 de noviembre el sobreseimiento de la causa contra los cuatro responsables militares que dirigieron los trabajos de identificación, al considerar que a pesar de que su conducta fue "grave" no encajaba en el delito de falsedad documental del que habían sido acusados.

El archivo fue recurrido en apelación tanto por la Fiscalía como por la Asociación de Víctimas del Yak-42. El Ministerio Público acusó de este delito al general de Sanidad Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y a los dos oficiales médicos que le apoyaron en la identificación a la hora de redactar los informes de necropsia, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico José Saéz. Las familias de las víctimas también acusaron al teniente general José Luis Beltrán, que dirigió la comisión militar responsable de las identificaciones.

El accidente del Yakovlev-42, que tuvo lugar en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003, provocó la muerte de 62 militares españoles que regresaban de su misión en Afganistán en lo que significó la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz. Un total de 30 de los fallecidos fueron identificados de forma incorrecta, lo que provocó que se entregaran a las familias cuerpos erróneos.

El magistrado también archivó en junio de 2007 la causa relacionada con la contratación del avión, aunque la Sala de lo Penal le obligó en noviembre de ese año a reabrir la investigación. A raíz de esta actuación han declarado en su despacho una docena de testigos, entre ellos el ex ministro de Defensa Federico Trillo, que atribuyó la operación al Estado Mayor Conjunto (EMACON).