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Lo hará una vez que el Tribunal Constitucional proceda a suspensión cautelar de la norma aprobada por el Parlamento Vasco para llevar a cabo.

Explicó que la medida viene obligada por ley como primera consecuencia de la eventual admisión a trámite del recurso que ha presentado la Abogacía General del Estado contra la norma publicada hoy mismo por el Boletín oficial del País Vasco.

Bermejo hizo estas afirmaciones durante su intervención en los desayunos informativos de Europa Press, donde insistió que tras la interposición de este recurso el Gobierno se mostrará "atento para reaccionar con las armas de la ley ante cualquier eventualidad".

"Estoy seguro de que el lehendakari no va a seguir, pensemos que se impondrá el sentido común y no continuará el disparate", afirmó el titular de Justicia, que descartó que por el momento el Ejecutivo se esté planteando llegar a la suspensión de autonomía prevista en aplicación del artículo 155 de la constitución. "Esta es una posibilidad que existe, pero no es bueno hacer especulaciones", apuntó.

El citado artículo señala que "si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

5 MESES DE SUSPENSIÓN

La interposición del recurso del Gobierno, a través de los Servicios Jurídicos del Estado, se produjo apenas unas horas después de que el Boletín oficial del País Vasco (BOPV) publicara la Ley de Convocatoria y Regulación de una Consulta Popular, aprobada el pasado 27 de junio por el Parlamento vasco, que prevé que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, convoque el próximo 15 de septiembre la consulta que prevé celebrar el 25 de octubre.

Según fuentes del alto tribunal, la ley prevé efectos suspensivos por un máximo de cinco meses en el caso más que probable de que el recurso del Abogado del Estado sea admitido a trámite, lo que podría producirse en los próximos días. Dichos efectos contarían desde la fecha de publicación de la norma impugnada, es decir, desde hoy, lo que imposibilitaría los planes previstos por el Gobierno vasco para realizar su consulta.