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El presidente de la compañía militar privada High Security Solutions aboga también por la creación de un modelo español que regule el funcionamiento de este tipo de firmas privadas, ya utilizadas en el exterior por países como Estados Unidos, Francia, Países Bajos e Italia.

El militar retirado, que es también asesor de la unidad de la Guardia Civil especializada en lucha contra el terrorismo islamista (UCE-2), sostiene que España debería iniciarse en la contratación de compañías privadas militares con la asignación de "pequeños proyectos" a empresas nacionales, de cara a "comprobar su capacidad", para, posteriormente, culminar la implantación del modelo con "una reglamentación específica".

En un artículo publicado por la red de investigadores especializados en terrorismo y conflictos armados Fundación Athena Intelligence, Rivas explica que este tipo de "corporaciones" aportan personal y medios "en muy diversos campos" y "en plazos casi siempre inferiores" a los de los contingentes militares.

Asegura, en ese sentido, que las compañías de mercenarios, que define como Empresas Prestadoras de Servicios a Defensa (EPSD), tienen "una cadena de mando más dinámica y flexible" que las Fuerzas Armadas y recuerda que, a diferencia de los ejércitos españoles, no requieren ninguna autorización para poder enviarlas a operaciones en el exterior.

No obstante, advierte de que la contratación de firmas procedentes de "determinados países" puede suponer un "riesgo", por lo que considera "aconsejable" que "por seguridad nacional" se contrate a empresas nacionales "de forma tal que pueda controlarse su capital, dirección y demás cuestiones de interés".

Tras incidir en que la contratación de compañías extranjeras podría tener "repercusiones" en los casos en los que entren en conflicto "intereses nacionales" de una y otra entidad, el suboficial retirado aboga por la incorporación de la figura de las compañías militares privadas "dentro de la normativa vigente" y subraya que estas compañías se han convertido en "imprescindibles" en las operaciones en el exterior.

"Parece claro que las firmas de este tipo han pasado a ser imprescindibles en las operaciones militares y de pacificación modernas", sostiene, para después definir a este tipo de empresas como "un elemento más del nuevo sistema de trabajo en despliegues internacionales" y como "una herramienta al servicio de las Fuerzas Armadas y no un competidor".

El suboficial retirado expone que la "privatización" de los servicios de "alta seguridad y defensa" cuentan con "dos factores sobresalientes", por un lado "la búsqueda de eficacia y disminución de costes" y la "eliminación de riesgos para las propias tropas" y la "aceptación de nuevos conceptos relativos a flexibilidad y respuesta inmediata ante cualquier situación".

Explica que la creación de una compañía militar privada "no exige una elevada inversión económica" y que en el caso español sus actividades podrían dividirse en cuatro grandes áreas: Seguridad, Logística, Soporte a operaciones de mantenimiento de la paz (incluido el desminado) y Consultoría y Entrenamiento.

El antiguo suboficial sostiene que la confidencialidad de este tipo de empresas podría ser supervisada por el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) con un sistema de evaluación y seguimiento del personal mercenario y de asignación acreditaciones de trabajo y afirma que la marcha de militares a la empresa privada por un sueldo más alto y mejores condiciones laborales podría controlarse obligando a los militares a permanecer determinado tiempo en el Ejército.

Tras estimar en 45.000 euros diarios el coste de un militar español en Afganistán, frente a los 30.000 euros que supondría un mercenario, el experto en seguridad y defensa apuesta por adaptar el modelo de compañías militares a la "idiosincrasia y necesidades específicas" de España.

"Mi propuesta personal pasa por el uso de EPSD"s adaptadas a nuestra propia idiosincrasia y necesidades específicas. Se trata de incrementar el personal privado en misiones internacionales para que el personal militar se pueda concentrar en aquellas labores que por definición deben corresponder a las Fuerzas Armadas como tareas de interposición, acción directa y manejo de medios de combate", propone Rivas.

El presidente de High Security Solutions afirma, por último, que "la extensión y consolidación" de las empresas de mercenarios hace que "el problema" ya no resida en decidir si se pueden subcontratar servicios en el ámbito militar o si ello representa una mejora sino que lo que se debe dilucidar es "qué modelo aplicar y cuál es el mejor medio de llevarlo a cabo".