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Ambos estaban acusados por el Tribunal Supremo de un delito de estafa y falsedad mercantil. Conde-Pumpido aseguró discrepar "radical y profundamente" de esta resolución que, según dijo, "permite a los acusados quedarse con el dinero de la estafa".

"Discrepo total, radical y profundamente de la sentencia dictada por la Sala Segunda de Tribunal Constitucional, es muy preocupante ya que se le da la vuelta a la tutela judicial efectiva que es un derecho que debería proteger a las víctimas de la estafa", aseguró el fiscal general del Estado durante la presentación de un seminario bilateral entre España y Gran Bretaña en el que se debatirá durante hoy y mañana sobre La Orden Europea de Detención.

Conde-Pumpido, en declaraciones a los medios, lamentó que la sentencia del TC vaya a permitir a "los Albertos" quedarse con el dinero de la estafa y reivindicó que la propia sentencia absolutoria "ratifica que la condena del TS se dictó con todas las garantías y por lo tanto ratifica que había pruebas de un delito de estafa y otro de falsedad".

"A mi entender, se incurre en un exceso muy preocupante en contra del criterio del TS y por lo tanto creo que los condenados se quedarán con el dinero de la estafa", insistió.

En este sentido, defendió el criterio ejercido por el Ministerio Público desde el principio recordando que "la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid ya sostuvo la acusación por los delitos de estafa y falsedad mercantil contra estas dos personas". "Yo estoy completamente convencido de que estos delitos existen y que no habían prescrito de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo", dijo.

Por último, Conde-Pumpido rechazó que el TS hubiese incurrido en "ningún tipo de vulneración de derecho constitucional y reivindicó la sentencia condenatoria del alto tribunal que reconoció "el derecho de las víctimas a cobrar la indemnización correspondiente".

Polémica con los fiscales

Por otra parte, en relación a la polémica suscitada en torno al nombramiento de Eduardo Esteban como Fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Conde Pumpido negó que desde el Ministerio Público se haya ejercido ningún tipo de presión y defendió las cualidades y los méritos de todos los elegidos.

La Asociación de Fiscales (AF) --mayoritaria en la carrera fiscal y de carácter conservador-- criticó el nombramiento de Estaban, al que califican como una persona cercana al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en detrimento del "candidato idóneo" para esta asociación Antonio Silva. Según indica la AF, el Fiscal General del Estado forzó a este último a retirar su candidatura para beneficiar a Esteban.

Conde Pumpido negó hoy este extremo y añadió que la AF "debe sentirse satisfecha" de que cinco de sus fiscales hayan sido seleccionados para encabezar cinco fiscalías. Argumentó estos nuevos nombramientos en función del nuevo Estatuto Fiscal y reivindicó las cualidades y los méritos de todos los nuevos fiscales jefes.

"En el caso concreto del fiscal jefe de Madrid, es el más idóneo, el más capacitado, el que más conoce la Fiscalía debido a su experiencia", concluyó Conde-Pumpido.

"Los Albertos" dicen que la sentencia les permitirá recuperar las indemnizaciones pagadas

Los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer explicaron hoy que la sentencia dictada ayer por el Tribunal Constitucional que anuló la condena de tres años y cuatro meses de cárcel dictada por Tribunal Supremo "restablece sus derechos y les permitirá recuperar las indemnizaciones económicas pagadas a los denunciantes", según informaron fuentes próximas a los empresarios en un comunicado.

"Los empresarios han dado instrucciones a sus abogados para que estudien y, en su caso, defiendan sus derechos en todas las instancias nacionales e internacionales que procedan", insistieron.

Los empresarios mantienen que podrán recuperar los cerca de 30 millones de euros de indemnización que pagaron en metálico tras la sentencia condenatoria del Supremo del 14 de marzo de 2005 que fijó dicha cantidad. Además, "Los Albertos" presentaron aval por los 20 millones de euros de intereses fijados por el Alto Tribunal, que según los demandantes, ahora ascienden a 40 millones.

Las mismas fuentes cercanas a "Los Albertos" desvelaron que, a lo largo del día de ayer y hoy, los empresarios "han recibido múltiples felicitaciones" por la sentencia del Tribunal Constitucional de parte de "familiares, amigos, empresarios y financieros españoles e internacionales relacionados con sus empresas, e incluso de la competencia, así como de políticos españoles de diversas fuerzas estatales y autonómicas".

Por su parte, los 28 accionistas demandantes, encabezados por el arquitecto Pedro Santieri y el constructor Julio San Martín, mantienen que los dos empresarios "continúan siendo culpables de estafa y falsedad en documento público y deberán indemnizar", una reclamación que debería tramitarse por vía civil.