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El secretario general de ERC y portavoz del partido en el Congreso, Joan Ridao, avisó hoy de que su formación no apoyará un modelo de financiación con el que no estén de acuerdo los tres partidos del Govern y CiU.

En rueda de prensa para presentar la campaña "Que no paguemos la crisis los de siempre", y ante el "drama" del déficit fiscal catalán reconocido por las balanzas publicadas por el Gobierno, Ridao condicionó su apoyo a la nueva financiación a un "buen" acuerdo y a que CiU participe de él.

"Desde Catalunya no estamos para hacer actos de fe. ERC no solo no avalará un modelo de financiación que no sea bueno para Catalunya, sino que no avalará un modelo en torno al cual no se agrupen el conjunto de partidos catalanistas del Govern y el principal partido de la oposición", avisó.

Tras celebrar la "exhibición de firmeza de los partidos catalanistas" de ayer para decir al Gobierno que la propuesta de financiación lanzada por el Ministro de Economía, Pedro Solbes, es "inaceptable", opinó que el pacto del Govern con CiU sobre financiación no llegó "por casualidad", sino que responde a la "exigencia" de ERC en este sentido.

"No estamos para que el Govern quiera liderar en exclusiva y apuntarse el tanto de la negociación, ni estamos para que CiU, desde la oposición, mire de levantar el listón desde fuera pero llegue al final por la puerta de atrás a un acuerdo con el Gobierno, como hizo con el Estatut, con el pretexto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009", aseveró.

Por ello, reclamó: "Deseamos que nadie se levante de la mesa, y si conviene deberemos plantar al gobierno español como en un pasado lo hicieron otras comunidades ante acuerdos de financiación que consideraron lesivos para sus intereses", avisó.

Además, reclamó al Govern que "plante cara, tense la cuerda y sea exigente hasta el último momento" y que lo haga "en compañía de CiU". Admitió que el 9 de agosto --fecha límite que establece el Estatut para acordar la financiación-- "no se habrá podido concretar" el nuevo modelo, que deberá entrar en vigor el 1 de enero (de 2009), aunque afirmó que "hay tiempo material" para conseguirlo.