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El portavoz de CiU en el Senado, Jordi Vilajoana, invitó hoy al Tribunal Constitucional a no pronunciarse sobre los dos recursos contra el Estatuto catalán hasta que "demuestre su independencia política". A su entender, el sistema judicial "está cuestionado" ante la falta de un acuerdo para su renovación.

En una entrevista, Vilajoana defendió la constitucionalidad del Estatuto catalán ante las sentencias pendientes en el TC de los recursos presentados por el PP, el Defensor del Pueblo y varias comunidades autónomas. Argumentó que el texto superó la prueba en las Cortes Generales y en referéndum.

De lo que no se mostró convencido es de la capacidad del Tribunal Constitucional para resolver los recursos pendientes. A su entender, en estos momentos el TC "está cuestionado" al haber tomado posiciones "absolutamente políticas" en los últimos meses hasta el punto de poder dividir a los magistrados en conservadores y progresistas.

"Este Tribunal Constitucional tal como está planteado, tal como está actuando y reaccionando hacia una serie de temas, entendemos que no sabemos hasta que punto sería razonable que tomara una decisión tan importante como el tirar para atrás o interpretar un estatuto como el de Cataluña", señaló Vilajoana.

A su entender, que en los organismos judiciales se tomen decisiones en clave conservadora o progresista "no es lo lógico" y además "perjudica seriamente al sistema". "El Tribunal Constitucional debe demostrarnos su independencia e interpretar la Constitución, que es lo que debe hacer", enfatizó.

Pidió así un pacto entre PP y PSOE para modernizar la justicia y garantizar su independencia política, de forma que los órganos judiciales "no actúen como correas de trasmisión de los partidos". Instó además a una renovación de los magistrados que ponga fin a una situación que consideró precaria.

En este contexto, el portavoz de CiU situó la elección de los cuatro magistrados que corresponde nombrar al Senado. En su opinión, es absolutamente necesario que PP y PSOE resuelvan esta situación y busquen un "acuerdo global" sobre la justicia que incluya la renovación de los órganos judiciales.