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Además, no descarta hacer lo propio para sellar un acuerdo administrativo de similares características con el Tribunal de Cuentas europeo, si se considera útil.

Así se lo ha comunicado el Ejecutivo al portavoz de CiU en la Comisión de Exteriores del Congreso, Jordi Xuclà, quien le solicitó datos sobre el estado de las gestiones que está realizando para lograr el reconocimiento y el uso del catalán, el gallego y el euskera en el ámbito comunitario.

En su respuesta, el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero detalla que actualmente mantiene abierta una negociación con el objetivo de alcanzar un acuerdo administrativo que permita a los ciudadanos dirigirse al Tribunal de Justicia y recibir contestación en cualquier de las lenguas que son oficiales en España.

A finales del pasado mes de junio, las autoridades españolas recibieron una contrapropuesta del Tribunal a un segundo texto enviado por España "para incluir algunas modificaciones al texto original". Según especifica el Gobierno, el acuerdo que espera sellar con este órgano no será de aplicación para cuestiones de orden jurisdiccional ni relativas a la aplicación de un texto legal.

Seis acuerdos en tres años.

Asimismo, el Ejecutivo recuerda que en junio de 2006 la Mesa del Parlamento Europeo acordó dar cabida al uso del catalán, el gallego y el euskera en sus comunicaciones con los ciudadanos, de modo que, sin necesidad de formalizar un acuerdo administrativo entre España y esta institución, sus servicios de traducción "se encargarán de las traducciones necesarias" para poder contestar en la misma lengua.

Además, repasa todos los acuerdos administrativos que se han firmado con el mismo objetivo en los últimos tres años y que ya están en vigor. Cita, en concreto los alcanzados con el Consejo, el Comité de las Regiones, la Comisión, el Comité Económico y Social y el Defensor del Pueblo Europeo.

"Quedaría pendiente, en el caso de considerarte útil, celebrar un Acuerdo administrativo similar a los que están ya en vigor con el Tribunal de Cuentas de Unión Europea", concluye el escrito que el Gobierno ha dirigido a Jordi Xuclà.