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Durante el debate, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, que se estrenaba ante la Cámara Baja en esta legislatura, definió la medida como "una reasignación temporal de caudales, con un volumen limitado (hasta 4 hm3/mes) y para un ámbito delimitado, que no permite sacar una gota adicional del río Ebro", sin "interconexión de cuencas" y que se ha hecho con anterioridad en otras cuencas del mediterráneo.

El PP solicitó, sin conseguirlo, la tramitación del texto como proyecto de Ley para buscar soluciones globales al problema del agua en España y acusó al Gobierno de "faltar a la verdad" al decir que la medida no supone varial el caudal del río Ebro. Por su parte, las formaciones catalanas de CiU y ERC se opusieron a la disposición que prevé, en cualquier territorio, medidas similares en circunstancias parecidas.

El Real Decreto-Ley convalidado por la Cámara Baja regula las obras de conexión del Sistema del Consorcio de Aguas de Tarragona con el Sistema de Abastecimiento del Ter-Llobregat (conducción CAT-ALL), por la que, de persistir la sequía, se trasvasarán 3,9 hetómetros cúbicos al mes hasta Barcelona por dos vías: agua sobrante del "minitrasvase" de Tarragona y contratos de cesión de derechos de agua a regantes del Ebro.

Esta infraestructura, de "emergencia e interés general y sin ser sometida a declaración de impacto ambiental", tendrá un coste de 180 millones de euros, que correrá a cargo de los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente, pero se descontará de las inversiones estatales en Cataluña. La norma contempal explícitamente la posibilidad de abordar acciones similares ante situaciones parecidas en otros territorios.