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La familia del cámara de Telecinco Jose Couso, fallecido el 8 de abril de 2003 en Bagdad (Irak) a causa de un proyectil lanzado por las tropas de EE.UU. contra el Hotel Palestina en el que se encontraban los periodistas, ha anunciado que pedirá al juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa, Santiago Pedraz, que tome declaración a "un importante testigo estadounidense que puede ayudar a determinar que el ejército estadounidense cometió un crimen de guerra al ordenar a un tanque disparar".

El pasado martes, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó revocar la decisión del juez Pedraz de procesar a tres militares estadounidenses, presuntamente implicados en la muerte del cámara. En su auto, el tribunal indicaba que el Ejército americano no se extralimitó en su ataque al hotel en el que se encontraban los periodistas al tratarse de un acto de guerra y al no descartar el "hostigamiento" por parte de enemigos iraquíes en el edificio.

Ahora, los familiares de Couso reiteran a través de nota difundida a los medios de comunicación que recurrirán esta decisión de la Sala ante el Tribunal Supremo y pedirán que continúe la investigación. En ese sentido, recuerdan que el sumario instruido por Pedraz sigue abierto, por lo que próximamente presentarán "algún testigo de cargo para conseguir el procesamiento de los soldados estadounidenses". No obstante, los familiares no desvelan en su nota la identidad de esta persona.

Tan solo adelantan su intención de proponer nuevas actuaciones, "como la celebración de pruebas periciales y testificales encaminadas a esclarecer los motivos que desencadenaron su muerte". En opinión de la familia Couso, la Sección Segunda de lo Penal, que secundó la petición de la Fiscalía de revocar el auto de procesamiento de los soldados estadounidenses "sigue los dictados de los militares estadounidenses con la finalidad de paralizar la investigación del crimen de guerra cometido en la persona de José Couso".

Pedraz ordenó el procesamiento de estos tres militares, el sargento Thomas Gibson, y sus superiores, el teniente coronel Philip de Camp y el capitán Philip Wolford por un presunto delito de asesinato con alevosía y otro contra la comunidad internacional, que puede ser castigado, este último, con una pena de prisión de entre 10 y 15 años.