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Según la pesquisa policial, publicada por la prensa italiana del domingo, un total de 51.287 muertos, algunos desde hace 20 años, estaban todavía en las listas. Eso supone un perjuicio para el servicio público de sanidad de Sicilia de al menos 14 millones de euros, cantidad que podría ser aún mayor, pues la investigación continúa abierta.

Ésta ha durado nueve meses, ha abarcado todos los servicios sanitarios de la isla y ha sido comunicada a la fiscalía, que de momento no ha acusado a nadie. El reglamento actual es muy vago sobre quién debe acreditar la muerte de un paciente: la autoridad regional, la municipal, el médico o el propio servicio de salud, señala la agencia de noticias italiana Ansa.

"Es uno de los muchos fallos de nuestro sistema", comentó el consejero de Sanidad siciliano, Massimo Russo, quien dijo que los médicos pueden ignorar la muerte de un paciente si no se le comunica. Y los ayuntamientos, "de buena o de mala fe", muchas veces informan con retraso de un fallecimiento al servicio concernido. Russo añadió que corresponde a la justicia determinar si en este caso ha habido un fraude deliberado.