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Pese a ello, Manuel Campos Carmona, malagueño de 29 años, acumula un centenar de juicios -30 de ellos por causas penales- varias condenas firmes y dos años de prisión cumplida a lo largo de los últimos 12 por otros tantos delitos que asegura no haber cometido.

¿La causa? Él esgrime dos: la primera y fundamental, su nombre y sus apellidos, que comparte -en el mismo orden- con al menos 25 hombres más en toda Andalucía. En algunos casos, sólo los diferencian algunos números del DNI o la letra. La segunda, que es gitano y su apariencia le delata.

Su historia se remonta 12 años atrás. Apenas tenía 17 años y vivía en la barriada de La Luz. «Al principio llegaban multas por juicios de faltas y las pagaba por ignorancia, con ayuda del párroco del barrio y de familiares, hasta que no pudo hacerles frente y comenzaron los arrestos domiciliarios y las idas y venidas a la cárcel», relata su madre, Emilia, que ha vivido en primera persona el calvario por el que ha pasado su hijo. «Todo lo que pasaba en Andalucía se lo achacaban».

En múltiples ocasiones ha coincidido en los juzgados con algunos de sus tocayos, ante el desconcierto de los jueces, pero asegura no tener nada que ver con ninguno de ellos. Y muestra su indignación por haber sido juzgado por robo con violencia pese a que la víctima aseguró que su atacante no era él. «En el tribunal dijeron poco menos que me había hecho la cirugía estética».

Relata que una de las primeras veces fueron a buscarlo dos agentes a la finca en Cártama en la que estaba trabajando como peón, acusado de una veintena de robos con fuerza en coches. «Ni el testimonio de mis jefes ni el de mis compañeros sirvió para que me dejaran en paz». Y vuelta a los calabozos. «¿Cómo podía estar en dos lugares al mismo tiempo?», se pregunta su madre.

La pista de lo que estaba ocurriendo se la dio una coincidencia. «Cuando dijeron mi nombre para entrar en la sala nos levantamos dos, y el otro venía de la cárcel». Manuel, casado y con tres hijos (Juanmi, Daniel y Yaiza) se dedica a recoger chatarra para mantener a su familia. «Los otros trabajos no me duraban, cada vez que encontraba uno venía a detenerme la policía y se acababa mi contrato», suspira. Emilia añade: «Durante años han venido a buscarlo a casa a diario».

Desde entonces, tiembla cuando le piden el DNI. Lo que podía haber quedado como una anécdota se convirtió en tragedia en noviembre de 2004. Manuel fue acusado de dos robos con violencia, por los que fue condenado a más de cuatro años, de los que llegó a cumplir ocho meses de prisión. Ahí comienza su verdadero calvario, incluidos varios intentos de suicidio. Sólo la perseverancia de su madre y de su abogado, Carlos Roldán, lograron demostrar que precisamente el día en que ocurrieron los hechos se encontraba en prisión preventiva por otro delito de robo, que -afirma- tampoco había cometido. Paradójicamente, un certificado de la cárcel le valió la libertad.

Pero 12 años dan para un número inagotable de anécdotas. En una de ellas, la familia aguardaba impaciente su salida del penal. Pero liberaron a otro en su lugar. «¡Si este no es mi hijo!», exclama Emilia. «Metieron al otro de nuevo y sacaron a mi Manuel». No acabaron ahí los sustos. Confiesa que el mayor de su vida se lo provocó una nueva sentencia, en la que se le condenaba por el asesinato de otra persona. El verdadero autor tenía el mismo nombre y, prácticamente, el mismo DNI. «Todavía tengo pesadillas», agrega el joven.

Confiesa que ha pensado en cambiarse el nombre, pero se ha convertido en cuestión de honor. «Antes quiero que mis apellidos queden limpios», dice Manuel. A lo que su madre replica: «No pido que me crean sino que vean los documentos, se compruebe lo que nos han hecho y el culpable lo pague».

A raíz de aquel caso la Fiscalía ha tomado cartas en el asunto y está revisando varias decenas de casos por los que había sido imputado.