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Hace ya seis años que se aprobó el Plan Centro, un documento que protege en distinto grado 1.307 inmuebles del casco histórico de Granada. Son 1.307 joyas centenarias, muchas deterioradas con el paso del tiempo.

Algunos expertos y quienes vigilan que no se toque lo que no se debe reconocen que el exceso de celo en la protección provoca en algunos casos que muchos elementos se pierdan. Es la contradicción inevitable. Ocurre sobre todo con aquellas casas que están en manos privadas y cuyos dueños no tienen medios económicos para darles un lavado de cara.

Pero luego están las triquiñuelas. Quienes dejan que el inmueble se quede en ruina para levantarlo de nuevo sin tantas limitaciones arquitectónicas; o los que se saltan la normativa a la torera porque históricamente las multas les han salido demasiado baratas en proporción con lo que iban a ganar después.

Dos multas

Por ejemplo: en los últimos años el Ayuntamiento ha puesto una sanción grave y la Junta otra por vaciar dos edificios que estaban catalogados. Sólo ha quedado la fachada. La multa del Consistorio, en la calle San Isidro, ha sido de 63.000 euros -poco más de diez millones de pesetas- y la del gobierno andaluz se ha quedado en 14.000 euros. Cantidades discretas a pesar de que en el primero de los casos se trata de una infracción grave.

Todo esto va a desaparecer con la nueva Ley de Patrimonio que acaba de entrar en vigor en enero. Hay dos novedades relevantes, explica el jefe de servicio de Bienes Culturales en Granada, Joaquín Camacho. A partir de ahora, cuando la administración abra un expediente para averiguar las supuestas irregularidades en un inmueble catalogado puede ordenar al mismo tiempo que se "reconstruya lo destruido sin autorización".

Ya no se quedará sólo en una multa. Además, nadie se beneficiará de un exceso de edificabilidad por una trampa: si se ha construido más de lo permitido el expediente puede obligar a demolerlo. No habrá una planta de más a cambio de dinero.

Hasta ahora para conseguir cualquiera de estas dos cosas había que llegar a los tribunales. En Granada hay un precedente: un promotor tuvo que reconstruir una fachada del siglo XIX en la calle Mesones, pero lo hizo para evitar el juicio y cuando ya estaba imputado en un procedimiento que abrió la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La nueva ley también endurece las sanciones. Desde ahora, una multa leve puede ascender a los 100.000 euros y las infracciones graves hasta el millón de euros. Según la tabla, la multa que puso el Ayuntamiento a un propietario por cargarse parte de un inmueble de San Isidro, en lugar de 63.000 euros habría costado, como mínimo, 100.001 euros, casi el doble.

Bajo lupa

En estos momento hay una decena de expedientes abiertos a inmuebles en el Centro de Granada que podrían resolverse por el nuevo sistema de sanciones, con abultadas multas y -lo más importante- con la obligación de reconstruir piedra a piedra lo que se ha echado abajo presuntamente sin permiso.

En vísperas de las elecciones de mayo, la plataforma ciudadana "Granada o Nunca" denunció treinta casos ante la Delegación de Cultura de la Junta. Derribos, vaciados, ruinas premeditadas... Todo esto se puso sobre el tapete. La Junta investigó uno a uno todos los casos y la denuncia no se ha quedado ni en tanto ni en tan poco.

De los 30 inmuebles implicados dos estaban sancionados. Las reformas estaban autorizadas en 17 casas. En tres edificios las demoliciones habían sido anteriores a la aprobación del Plan Centro en 2002, por lo que en su día fueron legales. Y otros ocho están siendo investigados todavía.

Se sabe que han habido demolición, que de las casas catalogadas -cuando más- queda la fachada. La técnica del vaciado. La Junta no tiene conocimiento de que el derribo estuviera autorizado en estos ocho casos, pero existe la posibilidad de que el Ayuntamiento haya dado licencia sin trasladárselo a Cultura. Los expedientes abiertos se concentran en las calles Ancha de la Virgen, Santa Escolástica, San Diego, Carrera del Genil, Placeta del Agua y San Isidro.