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La delegada de Medio Ambiente, Encarnación Martínez, intentó ayer justificar la actuación del Ayuntamiento de Sevilla tras haber sido condenado a indemnizar con 7.200 euros a dos vecinos que han estado ocho años denunciando ruidos insoportables procedentes de un local cercano. Esta es la tercera vez que el Gobierno de la ciudad es objeto de una sentencia condenatoria en la que se da la razón a los vecinos en sus protestas por molestias relacionadas con ruidos. Las dos anteriores se refieren a vecinos de El Arenal.

Encarnación Martínez intentó ayer explicar la actuación del consistorio en el último caso, el de las denuncias reiteradas de dos vecinos por los ruidos que llegaban hasta su piso procedente de las cámaras frigoríficas de un establecimiento comercial cercano. No obstante, tras reconocer que no conocía el caso, la delegada sólo pudo explicar que el Ayuntamiento atendió las quejas de los vecinos y que la complejidad de los trámites burocráticos de los expedientes hizo que se fueran dilatando, de forma que la vía judicial emprendida por los vecinos afectados fue más rápida y llegó la sentencia condenando al Ayuntamiento antes de que éste tomara las medidas oportunas contra el causante del ruido y en defensa de los vecinos afectados.

Éstos pusieron la denuncia en 2000 y dos años después, el comercio solicitó licencia para una cámara de congelación «que ya se encontraba funcionando», por lo que los vecinos volvieron a denunciar los ruidos y vibraciones que sufrían, sin que el Ayuntamiento solucionase el problema.

El juez consideró demostrado que los dos afectados vieron vulnerado su derecho constitucional «a la intimidad personal y familiar» y a la inviolabilidad del domicilio, pues varias mediciones técnicas certificaron que los ruidos que llegaban a su hogar, incluso de noche, alcanzaban la categoría de «intolerables».

Pese a las explicaciones de la delegada de Medio Ambiente, la sentencia afirma que el Ayuntamiento incurrió en «pasividad, inoperancia o inactividad», más aún cuando «las modernas técnicas facilitan la insonorización perfecta, como queda demostrado en este proceso».

Los vecinos, que estuvieron defendidos por la asociación Juristas contra el Ruido, tuvieron que acudir a la vía civil para resolver de forma bilateral sus problemas con el establecimiento, y según el juez «sólo entonces, y gracias a su esfuerzo», se hicieron obras de adaptación a la normativa de contaminación acústica. Así, los denunciantes «han tenido que soportar ruidos durante más de ocho años», lo que equivale a «un funcionamiento anormal y antijurídico del servicio público, derivado de un defectuoso ejercicio de la potestad pública de intervención en materia de actividad molesta».

Los dos afectados aportaron un parte médico que certificó trastornos de ansiedad, pero el juez dice que las circunstancias «excusan la necesidad de cualquier prueba exigible a los recurrentes» pues considera «notorios los perjuicios sufridos teniendo en cuenta los intolerables niveles de ruido que han debido soportar y su prolongación durante ocho años». Por ello, fija una indemnización de 3.600 euros a cada uno. Juristas contra el Ruido asegura que la indemnización conseguida en este caso «sigue siendo escasa», pero considera relevante «que cese la vulneración de los derechos fundamentales de los afectados a la integridad, salud, medio ambiente adecuado, intimidad, dignidad e inviolabilidad de su domicilio».