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La Junta de Andalucía insiste en cargar todas las tintas del mismo lado e intentar que el juez de lo Penal número uno, Rafael Tirado, sea el único responsable de que la condena a Santiago del Valle no se ejecutara. Sin embargo ayer fuentes de la Fiscalía de Sevilla reconocieron que el Ministerio Público también es responsable de controlar las ejecuciones de sentencias. Algo que admitían desde el departamento que dirige la fiscal jefe María José Segarra, y que recoge la Constitución. De hecho, la Carta Magna en su artículo 124 recoge que el Ministerio Fiscal "tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley...". Igualmente lo recoge el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal aunque también sea competencia de jueces, según el artículo 117 de la Constitución.

Sin embargo, ese reconocimiento implícito desde la Fiscalía era seguido de otro en su descargo: no puede controlar la ejecución de la condena si no recibe notificación del juzgado. Un aspecto sobre el que siguen las contradicciones ya que las fechas dadas por el juzgado y el Fiscal no coinciden. Y a lo que hay que añadir que también puede interesarse por el estado de esas ejecutorias de motu propio.

Ayer fuentes judiciales (en los juzgados sevillanos no se hablaba de otra cosa que de lo ocurrido) explicaban de forma clara lo ocurrido: "el fiscal debe controlar al juez, el juez a la secretaria y así todo ha fallado en cascada".De hecho, además de los retrasos en la ejecución de la sentencia, otras fuentes explicaron que también se investiga el retraso en la resolución de la apelación del caso ya que la Audiencia de Sevilla tardó casi tres años en ratificar esa condena. Y la presidenta de la APM, Nuria Orellana, afirmaba que el juez no puede tramitar los 1.000 asuntos que tiene y defendía a Tirado: "Quien ha matado a la niña no ha sido el juez", recalcó.

En cualquier caso, la consejera de Justicia seguía en sus trece. María José López aseguraba ayer que la responsabilidad de que el presunto asesino no cumpliera la sentencia recae "exclusivamente" sobre el juez Tirado Márquez porque, según dijo, "nunca" inició la ejecución de la sentencia y, por ello, nadie pudo avisarle de que Del Valle seguía libre.

Unas declaraciones que contrastaban con las que se hacían ayer desde el Consejo General del Poder Judicial cuyo portavoz Enrique López, hablaba de "un fallo calamitoso en el sistema en todas sus vertientes" porque hay un sistema judicial y legal "no preparado eficazmente contra la delincuencia sexual". "El problema es que se trata igual un robo que un abuso sexual", decía.

Pero a esos fallos también se une una falta de medios sobre la que también existen contradicciones. Mientras desde los juzgados de Sevilla se aseguraba que el sistema informático no permite conocer si a un procesado le quedan condenas por ejecutar, ayer la consejera de Justicia decía todo lo contrario alabando las virtudes del programa. Según López, el programa informático implantado en todos los órganos judiciales andaluces permite "un control permanente" del estado de las ejecutorias de un juzgado.

Ahora y mientras llega el resultado del informe del CGPJ que hoy tendrá una reunión de la comisión disciplinaria, el caso llegará al TSJA, cuya sala de gobierno lo analizará hoy con detalle. A ello hay que unir el informe remitido desde la Fiscalía de Sevilla al Fiscal General del Estado. De hecho ayer el propio fiscal general del Estado, Cándido Pumpido estudiaba el caso. Y mientras no parece que nadie se interese más por saber cómo murió Mari Luz. La cuestión es ahora señalar al culpable de que el asesino anduviera suelto.