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J.M.G.X. trabajaba desde 1993 en una empresa de muebles de cocina, donde se hacía cargo del control de los pagos a proveedores y de la documentación bancaria. Aprovechando la confianza depositada en él, entre 1995 y 2000 libró numerosos pagarés al portador, simulando la firma del administrador de la empresa, que luego depositó en cuentas compartidas con su esposa o regaló a su hermana, cuñados y suegros, según los jueces.

Entre otros, regaló a sus suegros 24.040 euros para arreglos en su vivienda y un tratamiento de ortodoncia, su cuñado recibió 33.055 euros, de los que 24.040 eran en concepto de préstamo y el resto un regalo para la compra de un piso, y su hermana recibió 6.010 euros en ayuda para la compra de un piso y 5.409 euros para pagar su banquete de bodas.

Inicialmente fueron procesados tanto el contable como sus nueve familiares, pero estos últimos fueron absueltos en la Audiencia sevillana porque no se ha demostrado que "hubieran llegado a un acuerdo con J.M.G.X. para obtener dinero de la entidad para la que trabajaba, ni que tuvieran conocimiento de la procedencia ilícita del dinero".

El Supremo confirma también la condena a la Caja Rural del Sur como responsable civil subsidiaria del pago de las indemnizaciones, pues el contable se aprovechó de su "negligencia" en el pago de los pagarés que le presentaban para llevar a cabo el delito.

La Audiencia sevillana consideró que la inocencia más dudosa era la de la esposa del acusado y su supuesto desconocimiento de la procedencia indebida del dinero, pero razonó que "los ingresos en la cuenta conjunta se hacían a través de pagarés librados a cargo de la entidad para la que trabajaba, lo que hacía más impensable que dudara de la ilicitud" de esas cantidades.

Junto a los cuatro años de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso de otro de estafa, el TS impone al contable el pago de una multa de 720 euros.