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No corren buenos tiempos para la economía de los ayuntamientos de la provincia. Todos los municipios se ven afectados en mayor o menor medida por una merma en sus arcas, motivada fundamentalmente por el parón de la construcción, unido al retraso en la aprobación de los nuevos planes urbanísticos, y por la entrada en vigor de la norma de estabilidad presupuestaria, que obliga a los gobiernos locales a disminuir los préstamos para financiar inversiones con el fin de equipararlos al dinero que se destinan cada año a amortizar créditos.

La crisis del ladrillo ocasiona un efecto inmediato en los ingresos por tasas urbanísticas y venta de suelo que, en el caso de la capital, se ha cuantificado en un descenso global del 15 por ciento para este año. La bajada se observa en la recaudación por las tasas urbanísticas que se abonan al solicitar la licencia de obras y por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que experimentará un retroceso del 30 por cien en 2008. Ambos conceptos suponen una pérdida inicial de casi nueve millones de euros respecto a lo recaudado el año pasado, aunque puede ser mayor.

En Vélez-Málaga, uno de los municipios con mayor actividad inmobiliaria en los últimos meses, ésta ha decrecido más de la mitad y la tramitación de licencias de obras para casas ha bajado un 60 por ciento desde principios de año. Esto se ha traducido también en un importante descenso en los ingresos a través de las tasas urbanísticas y el ICIO, que se han visto reducidos a apenas unos 400.000 euros.

En la misma situación está Marbella, donde los problemas heredados del gilismo, especialmente por la ausencia de un plan general renovado, limitan desde hace años los ingresos en las arcas municipales derivados del ladrillo.

En Mijas, el parón urbanístico se ha convertido en el mayor problema para las arcas municipales, si bien el bajo nivel de endeudamiento permite tener una mayor capacidad de maniobra. Esto, unido al retraso en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ha traído consigo un bloqueo en la ejecución de convenios urbanísticos, principal fuente de ingresos del municipio en los últimos años. Esta situación ha tenido reflejo en los presupuestos de este año, que contemplan una caída de las inversiones del 16%.

Los ayuntamientos del interior de la provincia también se ven afectados por la crisis inmobiliaria, aunque en menor medida, ya que el volumen de proyectos en estas localidades es menor que en la costa.

En el caso de la capital, la ley andaluza del suelo afecta a ingresos pendientes por convenios urbanísticos que suman más de cien millones de euros, cantidad que no podrá emplearse hasta que las actuaciones urbanísticas de las que procede sean autorizadas definitivamente por la Junta de Andalucía.

El Consistorio malagueño aprobó hace pocos días un plan de estabilidad presupuestaria para los próximos tres años que pronostica una bajada de las inversiones del 25 por cien para 2009 si no se logran fórmulas de financiación alternativas.