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No corren buenos tiempos para la economía de los ayuntamientos de la provincia. Parece que los astros se han puesto de acuerdo con el fin de hacer coincidir en el tiempo una serie de circunstancias que provocan una merma de las arcas municipales no conocida en los últimos años. Todos los municipios se ven afectados en mayor o menor medida por esta situación, motivada fundamentalmente por el parón de la construcción, unido al retraso en la aprobación de los nuevos planes urbanísticos, y por la entrada en vigor de la norma de estabilidad presupuestaria, que obliga a los gobiernos locales a disminuir los préstamos para financiar inversiones con el fin de equipararlos al dinero que se destinan cada año a amortizar créditos.

La crisis del ladrillo -la producción de viviendas en los primeros tres meses de este año ha caído a la mitad respecto a los datos de 2007- ocasiona un efecto inmediato en los ingresos por tasas urbanísticas y venta de suelo que, en el caso de la capital, se ha cuantificado en un descenso global del 15 por ciento para este año. La bajada se observa en la recaudación por las tasas urbanísticas que se abonan al solicitar la licencia de obras -ha disminuido un 16 por ciento en el último año- y por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que experimentará un retroceso del 30 por cientoen 2008. Ambos conceptos suponen una pérdida inicial de casi nueve millones de euros respecto a lo recaudado el año pasado, aunque puede ser mayor.

En Vélez-Málaga, uno de los municipios con mayor actividad inmobiliaria en los últimos meses, ésta ha decrecido más de la mitad y la tramitación de licencias de obras para casas ha bajado un 60 por ciento desde principios de año. Esto se ha traducido también en un importante descenso en los ingresos a través de las tasas urbanísticas y el ICIO, que se han visto reducidos a apenas unos 400.000 euros.

En la misma situación está Marbella, donde los problemas heredados del gilismo, especialmente por la ausencia de un plan general renovado, limitan desde hace años los ingresos en las arcas municipales derivados del ladrillo. El coordinador de Hacienda marbellí, Carlos Rubio, explicó que ya en los presupuestos del año pasado "no se incluyeron ingresos atípicos" en este sentido por una cuestión de prudencia. "Se han valorado a la baja las previsiones de recaudación por convenios, licencias y el ICIO", subrayó.

En Mijas, el parón urbanístico se ha convertido en el mayor problema para las arcas municipales, si bien el bajo nivel de endeudamiento permite tener una mayor capacidad de maniobra. Esto, unido al retraso en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ha traído consigo un bloqueo en la ejecución de convenios urbanísticos, principal fuente de ingresos del municipio en los últimos años. Esta situación ha tenido reflejo en los presupuestos de este año, que contemplan una caída de las inversiones del 16 por ciento. Para reactivar la economía local, el Ayuntamiento levantó a comienzos de año la suspensión de licencias decretada en 2004 a raíz de la revisión del PGOU, una medida que congeló todo el suelo cuyo desarrollo futuro colisionaba con el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol, y que ahora ha quedado liberado, en parte, permitiendo la aprobación de obras por valor de 20 millones de euros.

Los ayuntamientos del interior de la provincia también se ven afectados por la crisis inmobiliaria, aunque en menor medida, ya que el volumen de proyectos en estas localidades es menor que en la costa. Así, el Consistorio de Antequera prevé una disminución en los ingresos urbanísticos, aunque asegura que cuenta con margen de maniobra como para no tener que bajar las inversiones. "En Antequera es donde menos se puede notar esa desaceleración de la economía, porque no hemos basado la nuestra únicamente en el pelotazo de la construcción", sentenció su alcalde, Ricardo Millán.

Junto con el descenso de la construcción, existen otros escollos -en este caso de carácter legal- que también limitan la financiación de los municipios. Por un lado la citada Ley de Estabilidad Presupuestaria y, por otro, la ley andaluza del suelo, que obliga a que el dinero que se obtiene por convenios urbanísticos o venta de suelo se dedique en un 75 por ciento a la construcción de VPO y sólo en un 25 por ciento para mejoras en infraestructuras urbanas.

En el caso de la capital, esto afecta a ingresos pendientes por convenios urbanísticos que suman más de cien millones de euros, cantidad que no podrá emplearse hasta que las actuaciones urbanísticas de las que procede sean autorizadas definitivamente por la Junta de Andalucía.

El Consistorio malagueño aprobó hace pocos días un plan de estabilidad presupuestaria para los próximos tres años que pronostica una bajada de las inversiones del 25 por ciento para 2009 si no se logran fórmulas de financiación alternativas.

En el caso de Marbella, la obligación de reinvertir los ingresos por convenios en VPO y mejoras urbanas más que un imperativo supone una necesidad por los déficits heredados del gilismo. Han elaborado esta información Agustín Peláez, Francisco Jiménez, Carmen Martín, Cristina González y Jesús Hinojosa.