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Solucionar divorcios, separaciones, tutela de menores o de dependientes sin necesidad de acudir a la vía judicial. Este es el principal objetivo del proyecto de la Ley de la Mediación Familiar en Andalucía, que ayer aprobó el Consejo de Gobierno, celebrado en Huelva. La mediación familiar, no obstante, quedará expresamente excluida en situaciones en las que exista violencia o maltrato sobre la pareja, hijos o cualquier otro miembro de la familia.

Se trata de la primera norma que envía en esta legislatura el Gobierno andaluz al Parlamento, aunque no es un proyecto nuevo. Este mismo texto ya fue remitido a la Cámara autonómica en octubre de 2007, pero no pudo ser aprobado porque se agotó el mandato y la ley decayó.

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, destacó en rueda de prensa tras el Consejo que podrán solicitar voluntariamente la mediación personas casadas, parejas de hecho, parejas sin vínculo legal pero con hijos comunes y familiares hasta el tercer grado de consanguinidad, además de personas adoptadas o acogidas y sus familias biológicas, adoptivas o acogedoras, y también las que ejerzan la tutela sobre menores y sobre personas con discapacidad intelectual.

El procedimiento no supondrá ningún coste para quienes cumplan los requisitos que actualmente rigen en la asistencia jurídica gratuita. En el resto de los casos, se abonarán las tarifas que se establezcan reglamentariamente.

De igual modo, se garantizan los principios de voluntariedad de las partes que soliciten la mediación, la imparcialidad y neutralidad de la persona mediadora y la confidencialidad de la información obtenida durante el proceso. La mediación será ejercida por profesionales con titulación universitaria en disciplinas de Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Sociología, Pedagogía, Trabajo Social, Educación Social o cualquier otra licenciatura o diplomatura del mismo ámbito. Estos profesionales quedarán inscritos en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía.