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La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) tiene autorizada numerosas extracciones de agua: superficiales -de ríos y arroyos-; superficiales invernales -agua que se acumula en invierno y se almacena en balsas - y subterráneas -pozos- . La mayoría son para riegos. Son autorizaciones en las que se determinan tanto los hectómetros cúbicos que se pueden utilizar como la parcela para la que se va a destinar, por lo que el incumplimiento de alguna de estos dos condicionantes puede derivar en una sanción. Pues bien, en lo que va de año, hasta el pasado 5 de septiembre, por captaciones ilegales de aguas subterráneas y superficiales la CHG ha incoado 138 expedientes, una cifra que ya se acerca al número alcanzado en 2006, ejercicio que se cerró con 160 expedientes. La mayoría de esos expedientes, 110, corresponden a captaciones de aguas subterráneas, de pozos, expedientes que el año pasado alcanzaron un número 123.

Hasta hace relativamente poco tiempo, el año 1985, las aguas subterráneas se consideraban privadas, pero la nueva Ley de Agua estableció que, al formar parte del ciclo hidrológico, son de dominio público, por lo que quienes quieran utilizarla deben contar con la pertinente autorización aunque, eso sí, no tengan, como en el caso de las aguas superficiales, que pagar un canon. Aunque su uso para regadíos -generalmente frutales y olivos- no está demasiado extendido porque es necesario la utilización de una máquina de bombeo para extraer el agua y ello implica una inversión que no siempre es rentable para los agricultores, hay quien recurre a utilizar agua de pozo sin la pertinente autorización.

Descubrirlos no es algo fácil, señala el comisario de la CHG, Javier Serrano, quien explica que para localizarlos han puesto en marcha varias medidas incluidas dentro del programa "alberca", y que incluyen desde medidas administrativas hasta el uso de nuevas tecnologías como el satélite. Hasta ahora, para abrir un pozo se debía contar con la autorización de Minas para poder horadar la tierra y de la CHG para extraer el agua; muchos sólo solicitaban la autorización para abrir el pozo y cuando la obtenían conseguían la toma de luz sin problemas y sacaban agua por su cuenta. Estos pozos ilegales no sólo se utilizaban para regadíos sino también para urbanizaciones ilegales que con ellos conseguían agua, luz y hasta un pozo negro, sin dar cuenta a nadie. La situación cambió desde que la CHG y la Consejería de Industria alcanzaron un acuerdo por el que Minas sólo autoriza la ejecución de pozos para captar agua subterránea si cuenta con el visto bueno de la Confederación. Con todo, para localizar un pozo ilegal lo primero es detectar la máquina y luego comprobar que tiene sistema de bombeo. La situación se complica porque están en terrenos de propiedad privada y se tiene que recurrir a la vía judicial para acceder al lugar.

Otro de los problemas que debe vigilar la CHG es que se extraiga el agua que tienen autorizado. La Ley permite tener los llamados "pozos de supervivencia" pero en ellos sólo se puede extraer como máximos unos 7.000 metros cúbicos al año, pero hay quien no se recata y los usa para extraer más agua. Para evitar esto la CHG es la única que cuenta con una norma que obliga a tener contadores para el agua que se extrae. De los 110 expedientes incoados en lo que va de año por derivación o captación de aguas subterráneas en la provincia, en 21 de ellos se impusieron medidas cautelares, lo que supuso su cierre. Por lo que respecta a las sanciones impuestas atendiendo a la repercusión de los hechos en orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico, a la trascendencia respecto a la seguridad de las personas y bienes y al beneficio obtenido, 103 fueron consideradas leves, 3 menos grave; 3 graves y una muy grave.

Por lo que respecta a los expedientes abiertos por hacer captaciones no autorizadas de aguas de los ríos y arroyos de la provincia, este año se han incoado 28 expedientes, de los que 11 se saldaron con medidas cautelares. De esos 28 expedientes, se consideró que en 18 de los casos se habían cometido faltas leves, en 7, menos graves, 2 graves y una muy grave. En estos casos la detección es más fácil porque se producen en ríos y arroyos por donde el paso es público y se puede detectar fácilmente que se producen captaciones no autorizadas.

La mayoría de las captaciones de agua son para destinarlas al riego, sobre todo para el olivar y el naranjo, pero también hay, aunque pocas, industrias implicadas. Son escasas, porque la mayoría de las industrias están conectadas a la red de abastecimiento, pero sí se ha dado el caso, comenta el comisario de la CHG, de algunas hormigoneras y graveras que necesitan mucha agua y han recurrido a estas captaciones. Así las cosas, todas las medidas que ha puesto en marcha la Confederación para controlar que no se hagan captaciones ilegales de agua van dirigidas a conseguir, señala Serrano, que la gente no haga abuso del agua y parece que ya se están obteniendo resultados. De hecho este año, que ha sido muy duro para el regadío ya que se ha reducido un 50 por ciento la dotación normal de agua, a pesar de ello no se ha producido ningún desastre y la mayoría de las cosechas han salido adelante.

Como prueba de la mejoría está el caso del arroz: en este ejercicio, con 200 metros cúbicos de agua se ha conseguido sembrar el 60 por ciento de la superficie de arroz, mientras que el año pasado se destinó más del doble de agua a este fin -470 hectáreas- pero, por la salinidad del agua -para reducirla se emplearon en un año y otro 100 hectómetros- no pudieron sembrar tanto. Eso demuestra que este año, señala la CHG, los cultivadores de arroz han sido más disciplinados con el uso del agua y han tenido en cuenta la captación de ésta atendiendo al curso de las mareas.