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"La situación que se vive en las clínicas de Pascual pertenece a otra época. ¿Qué es lo que deja de producir una enfermera por llevar un uniforme u otro?", se preguntó José Antonio Aparicio, secretario de organización de CC OO, en Cádiz. El sindicato, que representa a los trabajadores de la clínica gaditana San Rafael, logró concentrar a cerca de 300 personas frente al centro en el que estalló la guerra de las faldas, hace una semana.

La decisión de obligar a las enfermeras de esta sede hospitalaria concertada a vestir faldas y cofias, a diferencia de sus compañeros masculinos -que usan pantalón- contradice la Ley de Igualdad, afirman. "La legislación pretende eliminar las diferencias entre hombres y mujeres, y la dirección de esta clínica está incurriendo en una falta", afirmó Aparicio. La reducción de 30 euros de las nóminas del mes febrero a una decena de trabajadoras rebeldes -descontadas del plus de productividad- es para este representante sindical una "sanción enmascarada", que esconde una clara "discriminación por razón de sexo".

El sindicato prepara una denuncia, que llevará a los tribunales en caso de no llegar a un acuerdo sobre la libertad de decisión de las trabajadoras para usar falda y cofia o los pantalones que utilizan sus compañeros.

En concreto la organización se refiere al artículos 5 de la Ley de Igualdad (que garantiza "las mismas condiciones de trabajo" entre hombres y mujeres) y al sexto, que considera un incumplimiento la "discriminación directa e indirecta" de un trabajador por su condición sexual.

Entre los centenares de ciudadanos que se concentraron a medio día frente a la puerta de la clínica San Rafael, no se vieron distintivos del sindicato UGT, cuya representante de la clínica de Pascual en el municipio de Villamartín, Beatrice Berejano, se desmarca del conflicto, y defiende "la dignidad de la falda".

Entre los empleados de la clínica gaditana, que dirige el doctor José Manuel Pascual, las divisiones también existen. Mientras que hay quien afirma que la polémica "se está exagerando", entre las empleadas, la opinión mayoritaria es que el pantalón las protege de los vertidos y restos de orina y heces de los pacientes con los que están en contacto.

El consejero de Empleo en funciones, Antonio Fernández reiteró la opinión que mantiene el Gobierno Regional ante la guerra de las faldas. No tiene sentido mantener "un uniforme específico para el segmento de población mujer", dijo Fernández en Sevilla. A la vez que adelantó que los técnicos de la Inspección de Trabajo, que tuvo lugar la semana pasada en la clínica, preparan un informe sobre cuál debe ser el "uniforme reglamentario" en la empresa, que recibe financiación de la Junta de Andalucía.