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El colapso de la Administración de Justicia se cobra dramas con nombres y apellidos. Una ciudadana que responde a las iniciales de M.A.M.L., de 32 años, es una de las víctimas de la tardanza de los tribunales en resolver litigios, pues una sentencia emitida por el juzgado de instrucción número 7 de Córdoba el 5 de diciembre de 2006 establecía que su ex pareja debía abonarles a las dos hijas menores que tienen en común 360 euros al mes, pero el padre de las niñas no les ha ingresado ni un solo céntimo en estos 17 meses.

El motivo de tal demora es un problema de competencias entre el juzgado que dictó la sentencia y el de Violencia Doméstica y de Género, al que el primero remitió el fallo para que lo ejecutara, según señaló a este periódico la representación legal de M.A.M.L., que le ha puesto varias denuncias a su ex pareja por malos tratos psicológicos y tentativas de físicos. Su ex cónyuge, con el que compartió 19 años de su vida, está en prisión cumpliendo una de las varias condenas que tiene por vulnerar una orden de alejamiento, tal y como aseguraron tanto M.A.M.L. como su letrado.

La falta de ingresos de esta vecina de Las Moreras -afirma que está buscando empleo después de perder los que tenía como trabajadora de hogar a cuenta de su delicada situación personal- la llevaron hace meses a solicitarle a la Audiencia Provincial que dictaminase cuál de los dos juzgados citados tenía que ejecutar la sentencia que especificaba las medidas paterno-filiales tras la disolución de la pareja. Su abogado confirmó ayer que este último órgano judicial se pronunció hace dos meses y señaló que el competente era el de instrucción número 7. Pero la ejecución real del fallo aún no se ha producido. "Mi situación es desesperada, porque en esta casa no entra ningún dinero y tengo que sacar adelante a dos hijas, una de ellas asmática", declaró ayer M.A.M.L., que ha cobrado durante once meses los 411 euros de ayuda a las mujeres maltratadas, "pero hasta junio no vuelven a ingresarme nada".

Con cartas encima de la mesa que le advierten del corte del suministro eléctrico si no paga las facturas atrasadas, la situación de esta cordobesa y sus hijas se agrava porque "hasta ahora he podido coger algo de la pensión de 770 euros que recibe mi ex pareja por ser minusválido, pero ahora le meten el dinero en otro número de cuenta y no tengo acceso a esos fondos", lamenta.

Además, M.A.M.L. teme nuevos episodios violentos. "La trabajadora social me dio un móvil con un botón especial con localizador para avisar si sufría otra agresión, pero ya no funciona y he pedido que lo cambien", manifiesta quien denunció a su ex compañero por primera vez en 2006.