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Las negociaciones entre la dirección de Tussam y los sindicatos quedaron ayer suspendidas ante el rechazo del comité a asumir ningún tipo de sanción para los ocho empleados detenidos en la huelga de 2007 rompiendo lunas de los autobuses municipales.

A pesar de que el comité aceptó in extremis desconvocar la huelga anunciada para la Feria de Abril -y a la que se oponían buena parte de los trabajadores-, lo cierto es que desde entonces hasta ayer, las 15 reuniones mantenidas entre las partes han resultado inútiles ante la negativa de los sindicatos ASC (Asociación Sindical de Conductores) y CGT, mayoría en el comité, a aceptar ninguna solución que no sea el archivo de los expedientes abiertos a esos trabajadores, impunidad a la que se niega rotundamente la empresa. De hecho, el vicepresidente de Tussam, Guillermo Gutiérrez, junto al gerente, Carlos de Arizaga, se encargó ayer de entregar al comité una carta en la que consideraban absurdo seguir con un proceso negociador en el que los sindicatos rechazan negociar.

Tras la Feria, y conforme al acuerdo alcanzado con la Consejería de Empleo, los sindicatos aceptaron sentarse después de que se aprobara su petición de contar con un mediador, que la Junta decidió que fuera el catedrático de Derecho del Trabajo Jesús Cruz Villalón.

Posteriormente, los sindicatos tambien exigieron que Cruz Villalón no sólo mediara en el conflicto sino que lo arbitrara -decidiendo él las sanciones en lugar de la empresa-. La dirección también aceptó esa condición de los trabajadores, pero cuando el catedrático propuso suspensiones de empleo y sueldo para los ocho expedientados, los sindicatos mayoritarios -ASC y CGT- rechazaron la capacidad del mediador-árbitro que ellos mismos habían solicitado. La razón que dieron es que el documento, tal y como señaló en su día la dirección de la empresa, que no iba a aceptar la inocencia de los expedientados, establece ya a priori sanciones, dando a sus compañeros como culpables de los hechos cuando hay tres resoluciones judiciales en los que han sido declarados inocentes.

El comité insiste por ello en reclamar el archivo de los expedientes mientras que la dirección de la empresa -que inicialmente amenazó con la expulsión directa de los trabajadores por la rotura de las lunas- se niega a conceder impunidad a los autores de los actos vandálicos y pretende sancionarlos con diversos niveles, en función de su implicación en los hechos del pasado año, en el que resultaron rotas cientos de lunas de los autobuses públicos en una huelga que generó una espiral de violencia que incluyó amenazas y hasta quema de coches.

Fuentes sindicales destacaron que ahora previsiblemente se convocará un pleno del comité en el que no se descarta que se aprueben nuevas movilizaciones.