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El oficial mayor del Ayuntamiento de Sevilla, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco, presentó ayer en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo una demanda contra el Consistorio por acoso y vulneración de derechos fundamentales en la que relata las vejaciones a las que ha sido sometido por el gobierno municipal en los últimos años, impidiendo su promoción profesional, al no plegarse sus informes jurídicos a las directrices políticas. Una "persecución" que culminó el pasado año con su cese y el desalojo de su despacho en el Instituto Municipal de Deportes.

La demanda apunta directamente al delegado municipal de Juventud y Deportes, Francisco Manuel Silva, por su conducta hostil hacia el oficial mayor "hasta el punto de dañar y atacar flagrantemente su dignidad moral".

La propia demanda relaciona esta conducta de hostigamiento al hecho de que el oficial mayor informara en contra, por motivos de legalidad, de determinadas propuestas de nombramientos y de transformación de contratos temporales en fijos de plantilla en el Instituto Municipal de Deportes.

Aunque no se refleja en la demanda, el oficial mayor informó en 2006 negativamente de un concurso para la creación de una plaza de técnico en el IMD y para la que había sido seleccionado David Domínguez Silva, ex asesor del edil de Deportes, del que es primo segundo, y que según ha venido denunciando el PP en los últimos días ha contratado posteriormente como empresario con distintas delegaciones y organismos municipales.

Aquel informe ponía de manifiesto que la convocatoria del Instituto de Deportes no cumplía el principio de igualdad, mérito y capacidad al establecerse requisitos excluyentes que no tenían conexión con las funciones del puesto de trabajo y que fueron establecidos únicamente por la mera voluntad del vicegerente del IMD. El concurso exigía, con independencia de la valoración de méritos, experiencia acreditada de al menos tres años en desarrollo y organización de actividades deportivas precisamente en Juntas Municipales de Distrito. Domínguez Silva presentó dos certificados de los distritos Sur, (dirigido por Rodrigo Torrijos) y Macarena (Gómez Lobo), para avalar el requisito aunque no expresaban en calidad de qué realizó las actividades ni la relación jurídica que le unió con las juntas municipales. Domínguez Silva estuvo contratado por la junta rectora del centro deportivo Miraflores como personal eventual del Ayuntamiento pero de enero a noviembre de 2005. El informe ponía de manifiesto igualmente la no homologación nacional del título presentado y advertía de al menos seis candidatos con méritos contrastados que habían sido rechazados en el proceso de selección. El informe vino a respaldar a un buen número de candidatos al puesto, que protestaron el procedimiento del IMD. El informe jurídico del oficial mayor obligó a suspender el proceso del que nunca más se supo e impidió el acceso como interino a Domínguez Silva.

Este episodio es uno más de los que pudo desencadenar el hostigamiento al funcionario que en 1996 desempeñaba la Secretaría de la Gerencia de Urbanismo y que ahora ocupa un despacho en precario desposeído de sus funciones excepto algunas de tipo residual.

En el año 2000, después de desempeñar por vacante la Secretaría general de Ayuntamiento, comienzan, según la demanda, "sin justificación, ni motivación alguna, un proceso de acoso que se manifiesta en una paulatina privación de funciones que hasta entonces habían sido siempre desempeñadas por el oficial mayor en la Secretaría de Urbanismo y en los Consejos de las empresas municipales. La privación de funciones culminó en julio del pasado año con el cese en la Secretaría del Instituto de Deportes que desempeñaba desde el año 2000. Ya por entonces Isidro Nicolás Fernández había impugnado la forma en la que el Ayuntamiento había decidido cubrir el puesto del secretario general del Ayuntamiento por libre designación.

El abogado Servando Meana Pérez, que representa al funcionario, considera que los hechos representan conductas de acoso y atentado a derechos fundamentales como el derecho al cargo, vulneración de la dignidad e integridad de la persona. Estima que concurren los requisitos típicos de la desviación de poder y que existe indefensión igualmente, ya que al desposeer al funcionario de sus competencias el Ayuntamiento utiliza resoluciones en las que no explica los motivos de los ceses de funciones lo que limita los argumentos de su defensa. "Lo que resulta llamativo -expone el abogado- es que sea una Adnministración publica, cuyas actuaciones tienen que estar presididas por el más absoluto respeto a la legalidad, la que recurra a estas conductas".

La demanda refiere la afectación a la salud física del demandante que ha padecido a consecuencia del acoso laboral sufrido cuadros ansioso depresivos. No obstante, no solicita indemnización sino que pide al tribunal que reconozca la vulneración de los derechos fundamentales del funcionario y "se decrete lo necesario para el cese del acoso" al mismo.

En la actualidad, el funcionario está aislado en un despacho en Escuelas Pías sin secretaria y sin ningún contacto con el resto del personal del Ayuntamiento que contacta con él mediante móvil o correo electrónico, ya que su teléfono fijo no puede recibir llamadas.