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Los trabajos de demolición del inmueble en el que se ubicaba el "Centro Social Ocupado y Autogestionado Casas Viejas" y que comenzaron el viernes, tras ser desalojados los ocupas, concluirán esta semana, según informó el abogado Miguel Angel León, representante de la Comunidad de Bienes Hermanos Bordas Marrodán, propietaria de la finca.

Según León la casa y la vivienda, sitas en el número 23 de la calle Aniceto Sáenz, están "completamente inutilizadas". En la actualidad, sus instalaciones «ya no son habitables por nadie ni tienen utilidad ninguna", recalcó. Asimismo, explicó que, a lo largo de las 36 horas que los dos jóvenes han pasado en el zulo, la propiedad ha puesto "todos los medios económicos y humanos de los que disponía" a disposición de los agentes que organizaban el operativo, con el fin de rescatar a los dos insurgentes "encadenados" en el habitáculo.

Por ello y, frente a la posición de los ocupas, que aseguraban que serían los dueños los que tendrían que hacer frente a estos gastos, dijo que la propiedad puede adelantar los gastos necesarios para proceder al desalojo, pero que serán los ocupas los que tendrán que hacerse responsables de los mismos.