Noticias Ya.com

La desaceleración económica tiene un efecto automático en la actividad de los Juzgados de lo Mercantil. El aumento de los concursos de acreedores y liquidaciones (antes suspensiones de pagos y quiebras), tanto de empresas como de personas físicas, está atiborrando de papeles las dependencias judiciales.

En Sevilla, la avalancha de expedientes ha dejado en evidencia la falta de medios técnicos y humanos del único Juzgado Mercantil de la provincia, cuya titular es la magistrada María Teresa Vázquez Pizarro. Esta sede atiende casi tres veces más de trabajo que el que establece el módulo del Consejo General del Poder Judicial, señala su responsable.

En el primer trimestre del año se han presentado en esta sede judicial 16 solicitudes de concurso de acreedores frente a las 4 que entraron entre enero y marzo del año pasado. Supone, por tanto, que se han cuadruplicado los expedientes. A éstos se suman otros dos casos que se han cursado en los tres primeros días de abril.

De los 16 expedientes recibidos hasta el 31 de marzo, 14 son concursos de acreedores voluntarios, en los que la solicitud ha partido del deudor, que ha de acreditar la situación de insolvencia de la empresa o persona física. Los otros dos son concursos «necesarios», que han sido solicitados por un acreedor. O sea, que están siendo las propias empresas de la provincia las que están recurriendo a los juzgados, ante las dificultades para hacer frente a los pagos que tienen pendientes. En muchos casos, los acreedores son los propios trabajadores, Hacienda o la Tesorería de la Seguridad Social, además de los proveedores.

En total, tiene en marcha entre 60 y 70 concursos de acredores, de los que 9 están ya en la última fase de liquidación de la sociedad.

Uno de los procedimientos concursales más sonados que se han abierto en este primer trimestre de 2008 en Sevilla ha sido el de Contsa Corporación Empresarial, que por sí solo genera una actividad que desborda el Juzgado Mercantil, según han indicado la magistrada titular y el secretario del Juzgado, Juan Pedro Dueñas. A esta sede judicial del edificio Viapol acuden a diario numerosos afectados por la crisis de esta sociedad de inversión con garantía inmobiliaria, que ha sido arrollada por el frenazo del ladrillo. En la mayoría de los casos, los inversores que demandan información se muestran desorientados y desconconcertados, señalan fuentes del Juzgado.

Ello ha motivado que uno de los cuatro funcionarios que se dedican a tramitar los concursos de acreedores se ocupe en exclusiva al caso Contsa. Además de atender a estos inversores afectados, muchas veces la labor de estos trabajadores judiciales es «animarlos y calmarlos».

Otro de los concursos de acreedores más notorios en este primer trimestre del año es el del grupo sevillano de transporte Rufaro, que ha solicitado la liquidación de todas sus empresas.

Al resto de los asuntos que entiende este Juzgado provincial (competencia desleal, propiedad industrial e intelectual, publicidad, normativa relacionada con las sociedades mercantiles y cooperativas, transporte nacional e internacional, derecho marítimo, entre otros) se dedican otros tres funcionarios.