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Ya no dirige las delegaciones de Hacienda y Personal pero sigue siendo el máximo responsable de las empresas municipales de Estepona. Francisco Zamorano, destituido el pasado miércoles de estas áreas de gobierno tras ser expulsado de forma provisional del PSOE, sigue al frente de las seis sociedades públicas. La remoción del edil de este cargo se tiene que adoptar en pleno por decisión de la mayoría de los integrantes de la Corporación, constituidos en junta de accionistas. Un apoyo, que por el momento, los socialistas no podrían lograr sólo con el respaldo de sus actuales socios de gobierno (PA, IU y Estepona 2007), que suman en total diez concejales, frente a los 25 que integran la Corporación.

Con todo, las decisiones que el aún edil puede adoptar están limitadas. Las competencias del consejero delegado son mancomunadas con el presidente de las diferentes sociedades. Esto quiere decir que Zamorano, en libertad bajo fianza de 50.000 euros por la "operación Astapa", no puede tomar resoluciones sin tener el consentimiento del concejal que ostenta este cargo dentro de la empresa. "Ahora no voy a hacer nada salvo que me lo pida el otro representante con poderes; no voy a participar en la gestión, que es responsabilidad de quienes gobiernan", aclaró Zamorano.

Lo cierto es que con este escenario se pueden dar situaciones paradójicas. La posible negativa del concejal a dar el visto bueno a determinados asuntos podría bloquear la toma de decisiones y el funcionamiento ordinario de las empresas. Entre las funciones del máximo representante de las sociedades públicas se encuentra el disponer de los gastos y atender a los pagos de proveedores. Es más, todas las contrataciones que se realizan en las empresas -en la actualidad con más de 700 trabajadores- tienen que pasar por el consejero delegado. De hecho, la semana pasada, Zamorano despidió al gerente (cargo de confianza) de la sociedad Desarrollos Municipales Estepona, S.L, Juan Carlos Gurrea, que declaró días antes como testigo ante la Policía Nacional en el marco de la investigación del "caso Astapa".

Por el momento, no hay fecha para que la Corporación se constituya en junta de accionistas de las empresas para elegir al nuevo consejero delegado; si bien, se podría realizar el mismo día de la convocatoria del pleno extraordinario para elegir al nuevo alcalde, prevista en principio para el próximo día 15.

La sesión plenaria que se celebrará mañana dará cuenta de los escritos presentados por el alcalde Antonio Barrientos en los que renuncia a los cargos de regidor y de concejal del Ayuntamiento. Su puesto como edil pasará a ser ocupado por el socialista Sergio López, candidato número 12 del PSOE en las pasadas elecciones municipales.

Quienes mantienen su decisión de no renunciar a su acta de concejal son los cuatro ediles expulsados de forma provisional del PSOE -Francisco Zamorano, Asunción López, Mariví López y Marisa Rodríguez-, que se encuentran en libertad bajo fianza tras declarar por su posible vinculación a la "operación Astapa".