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El secretario general del PP-A. Antonio Sanz, ofreció ayer la «chuleta de copiar» a la Junta de Andalucía después de denunciar que el Gobierno rechazó hace cinco años, en 2002, una proposición de Ley de Inclusión Social similar a la que el martes pasado puso en marcha la Junta.

Sanz aseguró que la iniciativa presentada por los populares y rechazada por el Ejecutivo andaluz, suponía una elevación a rango legal de la renta mínima, algo prácticamente idéntico a la renta básica que el Gobierno pretende ahora reconocer como derecho. Sin embargo en aquellas fechas, diciembre de 2002, el Gobierno andaluz rechazó la iniciativa popular argumentando que tenía un "carácter muy restringido"y carecía de "amplitud jurídico-administrativa suficiente para poder conceptuarla como Ley de Inclusión Social".

Además el PP presentó una copia del diario de sesiones del Parlamento en el que constan declaraciones del entonces consejero de Asuntos Sociales que anunciaba en 1997 la intención de la Junta de Andalucía de llevar al Parlamento una Ley contra la Exclusión en 1998. Diez años después sólo hay un anteproyecto que inició los trámites el pasado martes. Y ello pese a que, según denunciaron los populares haciendo referencia a los últimos informes de pobreza, hay 2.500.000 de personas en Andalucía que viven con 530 euros al mes y más de 500.000 personas en situación de pobreza extrema.

Por ello, el secretario general del PP-A calificó de acto de "grave irresponsabilidad" y "desvergüenza política" y anunció que volverán a registrar su iniciativa en el Parlamento pidiendo que se apruebe por lectura única. "El PP ya la tiene hecha y el PSOE está empezando", recalcó Antonio Sanz.

Además, según Sanz, todo ello se engloba en la "farsa" de política social del Gobierno andaluz que "zozobra con "z" de Zapatero". En ese sentido, el secretario general del PP-A dijo que el ejemplo más claro es la Ley de Dependencia que es una buena propuesta pero pésimamente gestionada que hace aguas por todos sitios. Según el PP, Andalucía no esta preparada para hacer cumplir la citada Ley frente a otras comunidades que si cumplen los requisitos como Cataluña, Aragón, Madrid o Navarra.