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El pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado la renovación de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia para personas mayores y dependientes por un valor de 6,5 millones de euros, de los que se beneficiarán unos 6.500 usuarios en la provincia. Así, el pleno dio luz verde al contrato suscrito con la empresa Clece S. A., encargada de prestar los servicio de ayuda a domicilio, que supone una inversión de 5.350.670 euros.

El servicio de ayuda a domicilio, de carácter doméstico, personal y educativo, está dirigido a los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes y este año atenderá a 1.757 personas con una media de asistencia de 27 horas semanales por persona. Este programa se enmarca dentro de las actuaciones del Plan de Apoyo a la Familia que, en el ámbito de las dependencias, Diputación puso en marcha en 2004.

El objetivo de la ayuda a domicilio es mejorar el bienestar de las personas mayores, enfermas o discapacitadas, y de sus familiares, en su hogar, ayudando en la realización de tareas cotidianas, fomentando la convivencia y la participación en la sociedad. Dentro del catálogo de prestaciones, se ofrece un servicio de asistencia en el hogar e incluso, en 2005, se puso en marcha un dispositivo de emergencia que permite a las personas mayores con problemas de movilidad ponerse en contacto, a través de un botón, con personal especializado que atienda sus necesidades. Un segundo tipo de ayuda viene a paliar la soledad de los mayores mediante actividades socio-comunitarias fuera del hogar o con talleres a domicilio.

Por otra parte, también se ha renovado el convenio de Teleasistencia para personas solas o en situación de riesgo por un importe total de 1.193.000 euros, financiado por el INSERSO, la FEMP y la Diputación. Con este convenio se asistirá en 2008 a 4.766 usuarios.

Por otra parte, el Partido Popular ha acusado al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga, formado por el PSOE e IU-LV-CA, de romper el pacto entre los portavoces de grupo para apoyar que se debata una propuesta urgente de cada partido político en cada pleno, si se presenta al menos dos días antes de la sesión.

El portavoz del PP en el organismo provincial, Francisco Salado, ha denunciado esta situación en el pleno en relación con su moción para pedir una comisión especial de Cultura que investigue las acciones encaminadas a buscar que se produjera "enchufismo" en el centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Málaga para que esta cuestión "no quede en el olvido". Sin embargo, el bloque mayoritario que forman socialistas e IU ha votado en contra de considerar urgente la iniciativa, que sólo han respaldado los populares, por lo que no se ha entrado en el fondo del asunto, que llegará de nuevo al pleno del próximo abril, pero ya por el procedimiento ordinario.

El PP lo considera una "maniobra oscura y antidemocrática para no dar la cara" por "falta de argumentos para defender lo ocurrido en la UNED" y una "deslealtad" la "ruptura de normas" sobre las mociones, lo que cree que se debe a que se está en plena campaña electoral y se teme la repercusión mediática del asunto.

Los populares plantean que la presidenta del Consorcio de la UNED y diputada del PSOE, Salomé Arroyo, y su antecesora, Fuensanta Ramos, expliquen "por qué paralizaron el funcionamiento de la UNED durante dos años y no contrataron a profesores ya seleccionados por la comisión de contratación". Piden que se aclare "qué cambió desde que llegó la nueva directora (de la UNED) para que las propuestas paralizadas dos años se desbloquearan el 8 de febrero".