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La situación entre geriatras y la Consejería de Salud es "muy tensa". Las Sociedades Española (SEGG) y Andaluza (SAGG) de Geriatría y Gerontología denunciaron la discriminación de los ancianos con respecto al resto de España y lamentaron "la ausencia de recursos en la red pública de la Comunidad para la atención geriátrica especializada". Así lo expusieron Pedro Gil, presidente de la SEGG, y Nicolás Maturana, de la SAGG, que subrayaron "el desconocimiento manifiesto de María Jesús Montero -consejera andaluza de Salud- y de sus asesores" en estas materias, e incidieron en la "nula capacidad docente en la atención sanitaria al anciano".

Gil y Maturana denunciaron los hechos en la inauguración del 50 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y el 29 de la Sociedad Andaluza. Un encuentro que funciona como foro de debate para los más de 1,21 millones de personas mayores de 65 años empadronadas en Andalucía. "Personas para las que el Estatuto de Autonomía asegura el derecho a recibir asistencia geriátrica especializada", apuntan.

Rafael Peñafiel, presidente de los Comités Científicos y organizador del Congreso, está convencido de que la consejería de Salud está haciendo "caso omiso a los ancianos, con declaraciones como que la atención al mayor debe hacerse entre el médico de familia y los internistas". Peñafiel apunta que Andalucía y País Vasco son las dos únicas comunidades españolas que "no contemplan la figura del geriatra". Y sigue: "Imagínate que tienes que ir a un ginecólogo y te atiende un médico de atención primaria. Pedimos especialidades, después de todo son cuatro años de MIR para ser geriatra. Por algo será".

Las sociedades de Geriatría han buscado y conseguido el apoyo de entidades involucradas directamente con la decisión "ageista" -aquella que discrimina en función de la edad- de la Consejería de Salud: el Consejo Estatal de Personas Mayores, Asociaciones de Familiares, la Confederación Estatal de Asociación de Personas Mayores, sindicatos y el Defensor del Pueblo.

No en vano, los geriatras y gerontólogos insisten en que la atención especializada reduce la morbilidad, los ingresos hospitalarios, la estancia media y los reingresos, mejora la recuperación funcional y reduce el consumo de fármacos. "En definitiva, ahorra gasto sanitario", explica Gil.

Además, han decidido iniciar los trámites legales "oportunos" para denunciar el que consideran "un incumplimiento del articulado del Estatuto de Autonomía para Andalucía", según manifestaron sus representantes. Gil, por su parte, considera que España necesita un "Plan Nacional de Atención al Anciano Enfermo" y pide al Gobierno "una norma mínima unitaria sobre atención geriátrica". Mientras tanto, el Congreso ahondará en el estudio interdisciplinar de cómo mejorar la calidad de vida de los mayores. "Haya o no interés", concluyen.