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"Si siguiera adelante con su propuesta, la Junta se cargaría a uno de los pocos sectores económicos que continúa fuerte en los tiempos de crisis que vivimos". Quien así se expresó ayer es el vicepresidente de Hostecor, Alberto Rosales, y lo hizo en referencia a la propuesta que la consejera de Salud de la Junta, María Jesús Montero, realizó hace sólo unos días para endurecer la denominada "ley antitabaco".

La directiva de la Administración autonómica planteó que se prohibiera la venta de cigarrillos y su consumo en todos los bares de menos de cien metros cuadrados, cuando la norma nacional en vigor desde enero de 2006 permite a estos establecimientos elegir entre ser de fumadores o no.

La abrumadora mayoría ha optado desde entonces por permitir el hábito tabáquico. Los establecimientos hosteleros que superen el centenar de metros y quieran dejar que sus clientes fumen han de tener habilitadas, desde hace dos años, zonas libres de humo bien diferenciadas.

María Jesús Montero llegó a sugerir que, en caso de que no saliera adelante la prohibición total, se podría incentivar a los locales que excluyan el tabaco ofertando sus servicios en guías turísticas.

Acerca de los planes de la Junta de Andalucía, que no son compartidos por el Ministerio de Sanidad, Alberto Rosales recordó que "casi el cien por cien de los bares pequeños de la provincia se han decantado por ser de fumadores, porque su clientela lo demanda". El vicepresidente de Hostecor insistió en que "algunos de ellos, que en principio se declararon libres de humo, han tenido que cambiar de postura porque la gente se les estaba yendo".

Para Rosales, "no es de recibo que los empresarios de la hostelería tengan que cargar sin ayudas no sólo con los costes de la ley ya en vigor, sino también con las medidas que se están proyectando ahora, y que sin duda alguna nos perjudicarán más". El hostelero añadió que "no somos nosotros quienes tenemos la culpa de que nuestros clientes fumen, mientras que el Estado tiene parte de responsabilidad por los impuestos que recauda a través de la venta de tabaco".

Hay que recordar que en los dos primeros años de vigencia de ley que restringe el consumo de pitillos, las ventas de este producto han crecido un 1,2 por ciento en Córdoba. Este dato cuestiona la efectividad de la prohibición.

De otro lado, la Junta sancionó a 45 establecimientos públicos en la provincia por incumplir la norma antitabaco. Estos locales se enfrentan a multas de diferente cuantía. En toda la comunidad autónoma, los procedimientos penalizadores sumaron 236.