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La Asociación Pro Derechos Humanos exigió ayer a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio explicaciones sobre la imposibilidad de acceso a viviendas sociales de un importante número de ciudadanos cordobeses.

Para ello, presentaron en la sede de la Junta de Andalucía en Córdoba 200 documentos de casos concretos. La delegada de la asociación, Esther Muñoz, denunció la "inexistencia de baremo y publicidad en los procedimientos de adjudicación" de estas viviendas existentes en Córdoba y la "ausencia de seguimientos y apoyos sociales adecuados de los adjudicatarios de éstas".

El vocal de Marginación de Pro Derechos Humanos, Lorenzo Ochoa, anunció que formularán a la Delegación Provincial varias cuestiones sobre el tema, para las que esperan respuesta en un periodo de tres meses.

Ochoa se preguntó cuál es el número de viviendas sociales dirigidas a la población marginada de Córdoba, si cubren estos inmuebles la demanda existente y si está prevista la construcción de nuevas viviendas. También quiso saber qué documentación hay que aportar para que un ciudadano sea adjudicatario de una vivienda de integración social.

Pro Derechos Humanos aseguró que no se trata de elaborar una normativa, pues la que hay es excelente, sino de "falta de voluntad política" para atajar este problema de gran dimensión.

Los portavoces de la asociación denunciaron las extremas situaciones que viven estas personas, que "son casi infrahumanas, con ratas, mal olor,..". Ochoa puso como ejemplo a una familia de 14 miembros que viven en una casa de 50 m2, para los que la tasa de paro se ceba y la falta de vivienda es un pilar más para que no puedan salir de esa desesperada situación".