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Carlos Marsá, propietario del Granada 74, ha iniciado una batería de actuaciones judiciales que tienen en el punto de mira al primer constructor granadino, José Julián Romero, propietario del Granada Atlético, y también al gerente de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de la capital, Manuel Lorente.

Marsá ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que investigue la relación personal entre el promotor y el funcionario municipal, que según afirma, ha podido influir en decisiones que han sido beneficiosas para José Julián Romero, y perjudiciales para Carlos Marsá, especialmente en todo lo relacionado con la venta y construcción de los terrenos de la Ciudad Deportiva Granada 92, inicialmente propiedad de Marsá. Una serie de operaciones que provocaron, a su juicio, perder la propiedad del Club Baloncesto Granada.

Para demostrar la presunta connivencia entre el gerente de Urbanismo y el constructor, Marsá llegó a contratar a una importante agencia de detectives de Barcelona, que siguieron a los matrimonios Romero y Lorente al Mundial de Baloncesto de Japón. Fotografías y datos que intentan demostrar la relación personal, e incluso que las facturas del pago del viaje de las dos parejas fueron pagadas por Romero.

De hecho, existen fotografías en las que Lorente se encuentra en actos y fiestas de J. J. Romero, como la suelta de lubinas en una piscifactoría de Calahonda, o fiestas en el chalé de Romero en Marina del Este. Una situación que Marsá considera suficiente para que el gerente presente la dimisión inmediata, o el alcalde le cese. Manuel Lorente ha manifestado en ocasiones anteriores que su relación con J. J. Romero, nunca ha interferido en su labor en la Gerencia de Urbanismo.

"El fiscal tendrá que delimitar si en las actuaciones y relación entre José Julián Romero y Manuel Lorente, ha habido delito, ya sea de prevaricación, tráfico de influencias o cualquier otro tipo penal", dice Carlos Marsá, que ayer convocaba a la prensa para dar a conocer lo que considera un "escándalo" y motivo suficiente para que el alcalde de la ciudad haga dimitir al gerente de Urbanismo. Manuel Lorente y José Julián Romero son amigos desde hace años. Ellos y sus esposas viajan juntos y mantienen una relación personal estrecha, algo que el gerente de Urbanismo ni el promotor ocultan. Pero Carlos Marsá asegura que la relación puede ir más allá de la amistad y que algunas actuaciones municipales en relación a las promociones y construcciones de J. J. Consulting, han podido beneficiarse de esa amistad. Marsá asegura que en los últimos cinco años, le han mantenido "secuestrada" la Ciudad Deportiva Granada 92, unos terrenos y sociedad que él mismo escrituró a Romero para que éste le entregase 400 millones de pesetas para poder salvar al Club Baloncesto Granada, propiedad en aquel entonces de Marsá.

La condición, en contrato privado, era que el constructor se encargaba de hacer edificios en el terreno, manteniendo la parte deportiva, y luego revertir en Marsá parte de los beneficios. Curiosamente, indica, empezó a construir y la obra la paró, y sigue parada. Más tarde exigía a Marsá, además de no haberle dado los 400 millones, sino sólo 325, pero a cambio de la titularidad del club de baloncesto, comenzó la construcción sin licencia municipal.

Pero además de esta cuestión, y a pesar de que en teoría la propiedad era de Marsá, para poder recuperarla Romero le pedía en 2003, nueve millones de euros, y en 2005, 14 millones. La operación la cerró en 2006 por 18 millones de euros, Y a partir de ese momento, dice el propietario del Granada 74, tanto desde Urbanismo como el propio Romero, pusieron todas las trabas posibles para evitar que cualquier empresa le comprase a Marsá los terrenos. Al final, en junio de este año, pudo vender a un empresario de El Ejido, Manuel Martínez Plazas, por 39 millones de euros, pero gracias, dice, a que no se contactó con Urbanismo. El beneficio de la operación es lo que ha gastado en la compra del Ciudad de Murcia.

El propietario del Granada 74, anuncia además, tres nuevas querellas, una por coacciones, otra por estafa y una tercera por difamación. Y no se queda ahí la batería de acciones judiciales, ya que también pondrá demandas contra el grupo del PP en el Ayuntamiento y contra la Federación Española de Fútbol.