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La "operación Malaya" abierta el pasado miércoles contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella sumó ayer a la extensa lista de imputados, entre políticos, abogados, empresarios y testaferros, un nombre más. Rafael Del Pozo, jefe de la Policía Local, que ayer acudió a los juzgados citado por el juez Miguel Ángel Torres, que instruye esta causa. Según él, no lo hacía "en calidad de nada". Del Pozo se desplazó minutos antes de las 11.00 horas hasta la sede judicial a lomos de una motocicleta de gran cilindrada. La misma que empleó para abandonar los juzgados en medio de una gran expectación mediática.

Eran las ocho y cuarto de la tarde. Su rostro, cariacontencido, lo decía todo. "Estoy imputado por una serie de delitos que no puedo revelar. No creo que esté la cosa para enfadar aún más al juez", confesaba el máximo responsable del cuerpo local de seguridad, tras testificar durante más de tres horas. El juez decretó su ingreso en prisión eludible bajo fianza de 20.000 euros, cantidad que abonó pasadas las siete de la tarde. Pese a las reservas de Del Pozo, fuentes cercanas al caso apuntaron que se le imputan tres presuntos delitos: encubrimiento, tenencia ilícita de armas y omisión del deber de perseguir delitos.

Estas mismas fuentes explicaron que se acusa a Del Pozo de saber que el empresario Ismael P.P., también encarcelado por su supuesta implicación en esta trama, habría entregado unos coches a la regidora marbellí, Marisol Yagüe, a cambio de una concesión municipal y que el funcionario policial, al parecer, no hizo nada para evitar esta presunta irregularidad.

Según estas fuentes, a la hora de redactar el auto, el juez Miguel Ángel Torres también habría tenido en cuenta que el jefe de la Policía Local de Marbella supuestamente ordenó a sus agentes que se trajeran el Rolls Royce, de propiedad municipal, que estaba estacionado en una finca de El Escorial y que, al parecer, estaba en manos del encarcelado Ismael P. P. quien, según otras fuentes consultadas, le indicó que se lo llevara previa llamada telefónica.

Un antiguo regalo

También se habría vuelto en su contra que, en el registro practicado el pasado miércoles en la jefatura policial, se hallara en un armero tres armas sin número de serie y que no tenían puestas las guías. Estas mismas fuentes destacan que Del Pozo tendría que haberlas remitido al Servicio de Intervención de Armas de la Guardia Civil para ponerles las guías, algo que al parecer no hizo. Según las mismas fuentes, estas armas fueron regaladas por un militar retirado al desaparecido Jesús Gil y Gil, cuando éste estuvo al frente de la Alcaldía de la ciudad.

Su abogada Regina Román, jefa de los servicios jurídicos de la Policía Local, se limitó a aclarar que a su representado no se le acusa "ni de cohecho ni de malversación". Es más, la letrada destacó que no hay pruebas contra su defendido y que éste "ni se ha enriquecido ni ha recibido dinero". Es más, la abogada explicó que su representado tenía la conciencia "muy tranquila", pese a su imputación en esta trama. Del Pozo no se anduvo por las ramas. "No me lo esperaba", a lo que añadió: "Pero respeto la decisión de su señoría".

Ayer se añadieron nuevos nombres a la larga lista de encarcelados. El juez Miguel Ángel Torres, que instruye este caso contra la corrupción municipal en Marbella, decretó ayer prisión incondicional para el último de los 24 detenidos en esta macrooperación policial: el empresario Rafael Ll., al que se le imputa un presunto delito de cohecho en el que podría estar implicado algún miembro del equipo de gobierno local.

La entrada en prisión ayer del que tuviera durante varios años la concesión de las marquesinas publicitarias de Marbella y las del Estadio Municipal de Fútbol -además de encargarse de la gestión y explotación de la publicidad exterior en varias localidades costasoleñas- eleva ya a 12 el número de encarcelados por esta trama.

En esta lista negra se encuentran la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe; la primera teniente de alcalde y socia de gobierno, Isabel García Marcos; el concejal delegado de Tráfico y Vía Pública, Victoriano Rodríguez, y el ex gerente de Urbanismo y actual asesor de Yagüe en esta materia, Juan Antonio Roca.

Tres horas de testimonio

Después de testificar durante más de tres horas, este empresario salía, cerca de las tres y media de la tarde, en dirección a la prisión provincial de Alhaurín de la Torre, bajo custodia policial. Su estancia en los calabozos de la Comisaría Provincial de Málaga hasta pasar a disposición judicial ha sido corta. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía lo arrestaron anteayer en Torremolinos por su presunta implicación en esta trama de corrupción en Marbella, puesta ahora al descubierto. Hasta el momento, se han intervenido bienes y cuentas bancarias por valor de 2.400 millones de euros.

Al margen de los dos interrogatorios de ayer, el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, afirmó que la investigación judicial de la trama de corrupción en Marbella tiene una "parte muy importante avanzada", si bien no descartó que se puedan decretar más detenciones.

Material por examinar

El delegado del Gobierno dijo, no obstante, que, aunque lo más importante de la operación ya se ha hecho, todavía queda material obtenido en los registros que el juez tiene que examinar y emitir sus conclusiones. Por ello, afirmó que no se puede decir "que no vaya a haber más detenciones, porque el juez instructor tiene que acabar de examinar la documentación que tiene".

López Garzón sostuvo que la operación es de una gran complejidad, porque el entramado de sociedades y personas interpuestas ha sido una dificultad importante. No obstante, destacó que el Estado de Derecho funciona. "Nadie está por encima de la ley y se esclarecerá todo porque hay una firme decisión de la autoridad judicial", concluyó.