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En lo que llevamos de este año se han registrado en los juzgados de lo social más de 7.000 nuevos asuntos, lo que repartido entre los once juzgados laborales existentes arroja una media de 600 casos nuevos por cada uno de ellos. A este ritmo se van a superar ampliamente los 800 casos que el Consejo General del Poder Judicial cifra como idóneo por juez y año, llevando a los juzgados laborales al borde del colapso.

Los días fijados para vista, cada uno de los juzgados de lo social celebra no menos de 30 juicios por despido, la mayoría de ellos de trabajadores del sector inmobiliario, aunque desde hace pocas semanas han aumentado los casos del sector servicios, que se empieza a resentir de la crisis.

La mayoría de los despidos son improcedentes, y en los casos en que se estima su procedencia, los trabajadores tampoco pueden percibir la correspondiente indemnización debido a la débil situación económica de la empresa.

Estos datos son un indicador objetivo de la crisis económica, donde los pleitos laborales afloran cada día más. Para comprobarlo basta con comparar los datos de los cinco primeros meses de 2008, con el balance total de 2007, cuando estos juzgados superaron levemente los 1.000 asuntos. Este año, al ritmo que se están sucediendo los acontecimientos, se tendrán que tramitar varios cientos más de casos, casi el doble de lo aconsejado por el Consejo del Poder Judicial. Los jueces especialistas consultados han denunciado la situación y la falta de medios de la Administración de Justicia. En su opinión faltan al menos dos juzgados más.

El agobio que sufren los juzgados de lo social viene provocado por la desaceleración, para algunos, y crisis económica, para otros, que se deja sentir igualmente en el Juzgado Mercantil, que tramita, entre otros asuntos, los concursos de acreedores y liquidaciones (antes suspensiones de pagos y quiebras) de empresas y personas físicas. De hecho, en solo un año el único Juzgado Mercantil de Sevilla ha duplicado el número de empresas o acreedores que han solicitado la convocatoria del concurso por insolvencia. Así, mientras que en 2006 recibió un total de 28 solicitudes de concursos de acreedores, en 2007 esa cifra se disparó hasta los 52 expedientes, cifra que se rebasará ampliamente en 2008, según Juan Pedro Dueñas, secretario del Juzgado Mercantil.

En la provincia de Sevilla , el Juzgado Mercantil tramita actualmente 65 concursos de acreedores, además de otros 650 asuntos, ya que tiene competencias en toda la provincia y entiende también de competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual, publicidad, normativa en relación con sociedades mercantiles y cooperativas, transporte nacional e internacional, derecho marítimo…

Boliden, Caetano, Calderinox, Transfrío Rinconada, Coarpe, Contsa o Rufaro, son algunas empresas cuyos concursos de acreedores han llegado a este juzgado, que en lo que va de 2008 ya ha recibido 12 solicitudes de concursos nuevos por parte de empresas en crisis. Las perspectivas económicas y el crecimiento espectacular de concursos de acreedores solicitados hacen pensar a Dueñas que esta tendencia continuará, «lo que puede llegar a colapsar el juzgado en el plazo de seis meses si no se adoptan medidas».

A su juicio, «la solución no es dotar de más personal al juzgado, lo que hace falta es crear otro nuevo. En realidad debería ya estar aprobado por Ley o por el Consejo General del Poder Judicial, ya que estamos resolviendo el doble de asuntos que debe resolver un juzgado para que su trabajo transcurra con normalidad, fijado en 350 asuntos al año».

También se ha incrementado el número de personas físicas -en su mayoría familias endeudadas- que se han acogido a la Ley Concursal para intentar reducir sus créditos en hasta un 50%. Aunque la Ley lo permite desde 2004, no ha sido hasta 2006, cuando se hizo público que una familia de Barcelona logró rebajar en un 30% sus deudas tras convocar un concurso de acreedores.