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2007 fue un mal año para los que se empeñaron en construir edificios en lugares que gozan de una especial protección, es decir, que son intocables por su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural. Los jueces de Granada, espoleados por los fiscales especializados en Medio Ambiente, dictaron once sentencias relacionadas con los estropicios del ladrillo, ocho de las cuales fueron condenatorias.

De estas últimas, siete incluían el mandato de demolición de lo ilegalmente edificado. Algunas de ellas ya se han ejecutado y ha sido el propio reo el que ha corrido con los gastos. Si se comparan estas cifras con las que ofreció 2006, resulta que, en solo un año, se han triplicado -casi cuadruplicado- las órdenes de derribo de inmuebles "piratas". Las cuentas de 2006 fueron las siguientes: los jueces dictaron siete sentencias en materia urbanística, cinco de las cuales fueron condenatorias. A su vez, dos de ellas mandaban tumbar los edificios ilegales. Dos, en 2006 y siete en 2007. La tendencia parece clara. Si se mantiene al alza, 2008 tampoco será un buen año para los delincuentes urbanísticos.

Todas las condenas incluyen penas de prisión que, todavía en ningún caso, han supuesto el ingreso de nadie en presidio. Los pactos con la Fiscalía -que conllevan rebajas- y la ausencia de antecedentes están evitando, por ahora, que los infractores acaben entre rejas.

Es lo que ocurrió con el protagonista de una de las últimas sentencias dictadas en 2007 por un tribunal de la provincia, concretamente de la ciudad de Loja. Por cierto, que el Ayuntamiento de dicha localidad ejerció la acusación particular. El procesado aceptó el castigo sin necesidad de que se celebrase el juicio. Se conformó con seis meses de prisión por un delito de desobediencia y con otros seis más por otro contra la ordenación del territorio.

Además, quedó obligado a "restituir, en el plazo de seis meses, el movimiento de tierras y derribar la cimentación de hormigón, la piscina y la armadura de hierro para una vivienda", todo ello colocado sin licencia municipal y en suelo no urbanizable. Es decir, que las obras no eran legalizables.

El Ayuntamiento de Loja dictó innumerables decretos que avisaban de que aquello no podía ser, pero el ahora condenado hizo caso omiso. En 2006, dos años después de que el Consistorio comenzase a emitir sus advertencias, "se acordó la paralización" de los trabajos, pero sin éxito. El encausado terminó la piscina y el esqueleto metálico de la casa.

En vista de que no se daba por aludido, el Ayuntamiento lojeño hizo un nuevo decreto, el enésimo, que acordaba el precintado de las obras "e instalaciones de forma inmediata, así como disponer la retirada y el depósito de la maquinaria y los materiales de las obras en curso a costa del promotor", recuerda la sentencia. Días más tarde, los servicios de vigilancia del Consistorio comprobaron que "proseguía con las obras denunciadas".

Tanta tozudez le ha valido la condena por el delito de desobediencia. Recientemente, IDEAL desveló que el titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Granada, había ordenado demoler una marisquería instalada en la Vega de forma totalmente ilegal. Sus promotores no tenían autorización para construir el inmueble y, es más, tampoco podían tenerla, ya que la nave en cuestión se alza en un terreno no urbanizable de especial protección. Otra sentencia, también reciente, mandaba tumbar un chalé construido en una zona salpicada de dólmenes y, por tanto, imposible de colonizar.