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El magistrado Francisco de Urquía ha hablado para dar su versión sobre las imputaciones que pesan sobre él por su presunta implicación en los casos "Malaya" e "Hidalgo" contra la corrupción y el blanqueo de capitales en Marbella. El juez, suspendido de forma cautelar desde julio del pasado año como titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad costasoleña, aseguró ayer en declaraciones a Efe que el proceso que se sigue contra él por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) es "una maniobra orquestada por las mafias de la Costa del Sol para desprestigiar el procedimiento a través del cual se atacó a las principales fuentes de blanqueo de las mismas".

Asimismo, De Urquía calificó como "una indignidad y una vergüenza" su supuesta implicación en el "caso Hidalgo", que precisamente fue instruido por él y sobre el que las salas de lo Civil y lo Penal del TSJA abrieron la pasada semana diligencias previas contra el juez. En este caso se investigan supuestas gestiones realizadas por el magistrado para favorecer a algunos de los imputados en el "caso Hidalgo", que se destapó con una operación en la que se practicaron 23 detenciones, entre ellas, la de varios letrados y notarios de Marbella, y en la que se intervinieron 92 millones de euros depositados en 632 cuentas bancarias.

Tras esta imputación, De Urquía fue suspendido por segunda vez de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial, que tomó la misma medida en julio de 2007 después de conocer la investigación abierta por el TSJA contra el juez en una pieza separada del "caso Malaya" contra la corrupción municipal.

Pinchazos telefónicos

El magistrado que instruye este causa acordó el pasado diciembre elevarla a procedimiento abreviado, en el que están imputados, además de De Urquía, el ex asesor urbanístico del Ayuntamiento Juan Antonio Roca y Arnaud Fabrice Albouhair por supuestos delitos de prevaricación, cohecho y asesoramiento ilícito.

Por otra parte, la Fiscalía ha promovido la recusación del presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, y del magistrado de este órgano jurisdiccional, Jerónimo Garvín, por la "pérdida de la imparcialidad objetiva" en la causa contra Francisco Javier de Urquía y su presunta vinculación con el "caso Malaya".

En la recusación,que adelantó ayer "El País", el fiscal considera que Méndez de Lugo y Garvín "han podido acceder al contenido de algunas conversaciones telefónicas intervenidas judicialmente" en relación con el segundo proceso contra De Urquía por el "caso Hidalgo".

La recusación se ha instado para la resolución de un recurso de apelación contra la decisión del TSJA de seguir la causa contra De Urquía, el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca y Arnaud F.A. por los trámites del procedimiento abreviado, al entender el fiscal que se ha producido "pérdida de la imparcialidad objetiva" en los dos magistrados, que, además, podrían llevar a cabo el posterior enjuiciamiento.

Involuntaria

Esto se habría producido, según el fiscal, de forma "involuntaria" y "sobrevenida", una vez que el Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga trasladó al TSJA una exposición razonada de una causa, con nueve tomos, que contiene intervenciones telefónicas de un móvil de De Urquía, que luego fueron anuladas. Estas diligencias dieron origen al segundo proceso contra el juez y guardan presuntamente relación con el "caso Hidalgo".

El informe del fiscal pidiendo la recusación señala que el examen de la causa al que tuvieron acceso los magistrados "contiene diversas transcripciones que aluden aunque siempre de forma muy puntual y limitada a diversos aspectos del ejercicio del derecho de defensa".