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El brusco descenso por ingresos urbanísticos y la obligación de someterse a la Ley de Estabilidad empujan a los ayuntamientos a reavivar el Pacto Local y la necesidad de aumentar la financiación que procede de las administraciones estatal y autonómica. Uno de los caballos de batalla es la seguridad ciudadana. Los municipios se han visto obligados en los últimos años a ampliar las plantillas de la Policía Local para prestar nuevos servicios, que, en la mayoría de los casos, corresponderían al Cuerpo Nacional de Policía o a la Policía Autonómica.

En los últimos seis años hay localidades que han multiplicado por cuatro sus efectivos policiales. Por ejemplo, Benamocarra y Casabermeja han pasado de no tener ningún policía local en el año 2002 -había un auxiliar- a contar con cuatro en este año. Es el caso también de Alcaucín, donde el incremento es del 200 por ciento.

Un estudio elaborado por el sindicato Unión de Policía Local y Bomberos de Málaga sobre la evolución de las plantillas policiales en la provincia revela un aumento significativo en los municipios costeros y en los pueblos que conforman el segundo cinturón, donde en los últimos años se está asentando la población extranjera que reside en la provincia. "Son ciudadanos que exigen servicios", subraya el secretario provincial de la UPLB, Francisco Corpas.

Los ayuntamientos han encontrado en los propios agentes unos magníficos aliados para exigir a las demás administraciones financiación para desempeñar funciones competenciales que son de otros cuerpos policiales.

El secretario general de la UPLB en Andalucía, Mario Núñez, se ha dirigido al vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) subrayando las funciones que vienen realizando las plantillas de Policía Local de esta comunidad autónoma y que, algunas de ellas, corresponderían a la propia Junta de Andalucía.

Núñez enumera la venta de bebidas alcohólicas a menores, protección de menores y de mujeres maltratadas, control horario del cierre de establecimientos públicos, venta y consumo de inmaduros, especies protegidas, contaminación acústica, vertidos de escombros, caza ilegal, reparto de notificaciones de máquinas recreativas, de tráfico y de juzgados, y delitos contra el patrimonio histórico-cultural.

En la larga relación, el dirigente sindical recoge como funciones que deberían hacer otros los requerimientos al 061, acompañamiento y protección en el reparto de metadona y de inspecciones veterinarias de la Junta de Andalucía, desahucios de viviendas de protección pública de la Junta, inspección de espectáculos públicos, calabozos y control e inspección de taxis y transporte público.

"Creemos que es justo y necesario revertir la correspondiente compensación económica en esta Administración Local y, más concretamente en la mejora de la calidad de los servicios policiales que demandan los ciudadanos", se pide en el escrito dirigido al vicepresidente de la FAMP. En parecidos términos se ha expresado también el secretario general del Sindicato de Policía Local de Cádiz, Francisco Ramas Prior. Además, los agentes piden que se modifique la ley "para conferir más poder de decisión al alcalde en las políticas públicas en materia de prevención e investigación". El Ayuntamiento de Málaga ha sido el primero en llevar este asunto a pleno y así lo aprobó el pasado 27 de febrero. En marzo le han seguido las corporaciones municipales de Andújar (Jaén), San Fernando y Tarifa (Cádiz). Uno de los puntos es el apoyo a la FEMP en sus gestiones y negociaciones con el Gobierno de la nación para establecer las transferencias financieras que den cobertura a esas competencias que asumen las policías locales.

Los regidores comienzan a rebelarse y a exigir que se cumpla el Pacto Local. Los primeros han sido los alcaldes de Izquierda Unida, quienes, de forma colectiva, amenazan con salirse de la FAMP si no se resuelve la financiación. Uno de los más activos en esta demanda es el alcalde de Getafe, el socialista Pedro Castro, que preside la FEMP. "Es el momento de la financiación local", afirmó tras una reunión con los alcaldes españoles, donde se exigió afrontar la reforma de la financiación local de forma simultánea y vinculada a la autonómica.

Es un problema consustancial a todos los municipios. Hoy, los ayuntamientos, a través de los cuerpos de Policía Local, realizan un importante cometido en la prevención de delitos en muchas ciudades de España. "Es necesario, junto a la modificación legislativa, asegurar y garantizar las transferencias financieras correspondientes para asumir estas competencias", se señala en la moción aprobada por la corporación malacitana.

Por otro lado, cuando un extranjero llega por primera vez a España y aterriza en un aeropuerto, desde que baja las escalerillas del avión hasta que coge un taxi pueden encontrarse hasta cinco cuerpos de seguridad distintos: guardias civiles, policías nacionales, vigilantes privados, policías locales y policías autonómicos, lo que origina el desconcierto al forastero.

Los sindicatos abogan por un modelo policial en tres niveles: estatal, autonómico y local, y recuerdan que en los últimos años "han visto florecer en España el negocio de la seguridad privada", apunta Mario Núñez. En el informe azul de la coordinadora se recoge: "Es claro que las sociedades modernas y democráticas están haciendo dejación paulatinamente de cada vez más parcelas de vigilancia pública de la seguridad a favor de las empresas privadas".