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Quien dijo que la agricultura no da dinero estaba equivocado. La clave está en elegir correctamente la opción más rentable. Y esa opción se llama hoy día olivar. Las cerca de 600.000 hectáreas de este cultivo en Jaén se han convertido en el objeto del deseo de los grandes inversores de España.

Como el "ladrillo" ha dejado de ser la gallina de los huevos de oro, ahora el gran capital ha puesto su punto de mira en las explotaciones oleícolas jienenses, que en tan sólo un año han incrementado su valor un 14,1 por ciento, pasando de los 32.565 euros por hectárea a los 37.890. Ésta es una de las principales conclusiones del Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía, publicado ayer por Unicaja, que recoge una destacada apreciación del terreno en apenas doce meses. Esta coyuntura se hace especialmente patente en el caso del regadío, que ha pasado de los 47.206 euros por hectárea a la friolera de 53.885 (un 12,4 por ciento más), aunque también se nota en el secano, que cuesta un 14,6 por ciento más (de 29.071 a 34.035).

Aunque el estudio de Unicaja no entra en los porqués de esta situación, lo cierto es que este importante repunte de las tasaciones (baste decir que entre 2004 y 2005 el incremento fue 11 puntos menor, del 3,1 por ciento) se debe a la gran confluencia de compradores en el mercado. Según el secretario general de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, el pasado ejercicio, y también en gran parte de éste, se ha observado una gran demanda de superficie por parte de empresas y particulares que poco o nada tenían que ver con la agricultura. "Tanto es así -comenta- que en la última edición de Expoliva hubo representantes de grandes inmobiliarias que se acercaron hasta nuestro stand preguntando si conocíamos parcelas que estuvieran a la venta".

No es mal negocio. Ante la anunciada desaceleración en el sector de la construcción (en Jaén, por ejemplo, el precio de la vivienda ha bajado este trimestre por primera vez en 15 años), el dinero ha buscado refugios en activos mucho más seguros, como puede ser el aceite. Y es que estamos hablando de un producto con ayuda garantizada hasta 2013, hasta que expire la Política Agraria Común (a partir de ahí habrá que ver lo que pasa), y que además tiene bastante recorrido en la industria agroalimentaria, tanto dentro como fuera de España. La mejor prueba de ello es que en estos momentos los 1,2 millones de toneladas que se fabrican en España son asumidas por el consumo interior y las exportaciones.

En cualquier caso, organizaciones como UPA se oponen frontalmente a este mercadeo que tanto daño está haciendo a los que realmente viven del agro y que nunca podrían pagar los cerca de 60.000 euros a los que se cotizan los 10.000 metros cuadrados de una finca con agua. Por este motivo, Agustín Rodríguez aboga por un marco normativo en el que se delimiten los auténticos profesionales del sector agropecuario, y no los que se acercan a él con otro tipo de intereses. Y explica que ya existe una fórmula que puede servir de referencia, la de la "explotación prioritaria", cuyas transacciones están exentas de abono de derechos reales. "Habría que avanzar hacia un sistema que identificara a los agricultores, y les otorgara una serie de preferencias en incentivos fiscales o subvenciones al gasóleo", concluye.