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La Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción (Facua) de Córdoba ha denunciado que EPSA "no hace las gestiones de pago" en las comunidades de vecinos en las que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía se ha quedado con viviendas de protección oficial (VPO) a su nombre por el derecho de tanteo y retracto de la Junta.

Según Facua, el hecho de que EPSA no esté pagando las cuotas de la comunidad "está obligando a los comuneros a tener reuniones continuas para liquidar las deudas de esas viviendas".

El déficit de algunas comunidades de vecinos en las que ocurre esto es "importante" según la asociación que asegura que algunas deudas ascienden hasta 1.400 euros, que están pendientes de liquidarse por los vecinos para que EPSA las abone", explica Facua en un comunicado.

Con esta actitud, EPSA "incumple con el artículo 9 de la Ley de propiedad horizontal en las que son obligaciones del propietario contribuir con arreglo a la cuota de participación en el título o a lo especialmente establecido y comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad".

Facua entiende que EPSA no debe provocar "estas situaciones de morosidad en las comunidades y que los vecinos se tengan que reunir mensualmente para pagar la deuda".

Por su parte, el gerente de EPSA, Rodrigo Barbudo, desmintió ayer que esto suceda y dijo que "nosotros pagamos todos los requerimientos". No obstante, dijo que "puede que en algún caso no haya llegado la notificación a tiempo pero estaríamos hablando de un caso excepcional, no es que EPSA no pague las comunidades".

El gerente de la empresa insistió en que "ése no es nuestro proceder en ninguno de los 15 pisos que a lo sumo tenemos en la provincia", y señaló que en el momento que llegue cualquier notificación "la pagaremos".

Contra el acoso inmobiliario

En otro orden de cosas, el Ministerio de Vivienda firmará un convenio con el Ayuntamiento de Córdoba, junto a otros nueve, para la experiencia piloto para combatir el acoso inmobiliario de los arrendatarios.

Los convenios adscritos al programa tomarán en cuenta las denuncias efectuadas por los ciudadanos víctimas de acoso inmobiliario y recabarán la intervención de los servicios sociales municipales cuando el caso lo requiera.

Los arrendatarios podrán llamar a un teléfono (el 900 900 707) gratuito, operativo desde el día11 en el que se informará de los derechos de los arrendatarios y cómo hacerlos valer ante sus acosadores.