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No son "motivos personales" como alegaron ayer sus allegados y compañeros los que han motivado que este ex alcalde del PSOE deje su cargo público, sino la imputación por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente de un delito de prevaricación urbanística.

Según el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vera, los hechos se remontan a noviembre de 2006, cuando la Policía Autonómica denunció una construcción que aparentemente podía ser ilegal, en el término municipal de Lubrín. La Fiscalía de Medio Ambiente ordenó la apertura de diligencias para esclarecer los hechos comunicados por los agentes, su naturaleza y las circunstancias en las que se produjeron los mismos, así como las personas intervinientes.

Tras recopilar esta información, se dedujo la presunta comisión de delitos de tres de las personas implicadas. Por un lado está Isabel María Rumí Ramos, promotora de la vivienda y María Benita Campos Molina, como técnica directora de la obra. A las dos se las acusa por parte del fiscal de Medio Ambiente de haber llevado a cabo, "cada una dentro de sus competencias", una construcción con tipología de vivienda en una parcela, ubicada en el término municipal de Lubrín, situada en suelo no urbanizable de especial protección. Para hacerse este chalé en medio del campo, la promotora había solicitado al Ayuntamiento de Lubrín licencia de obra mayor para la construcción de una nave almacén de uso agrícola.

Por aquellos entonces, el alcalde era precisamente Juan López Camacho, el concejal que dimitió ayer. Su relación con este asunto está en que expidió la licencia de primera ocupación para que pudieran dar de alta el agua en este chalé encubierto.

El juez Alberto Blanco Barberá, en su auto de 11 de abril de este año, reconoce que estos hechos "pueden encuadrarse en la tipificación punible que el Código Penal hace del delito contra la Ordenación del Territorio", delito que imputa a Campos y a Rumí. Asimismo, imputa al ex alcalde un delito de prevaricación urbanística.

A pesar de que en un primer momento se hablasen de motivos personales para justificar el abandono, fuentes socialistas consultadas por este diario aseguraron que "el PSOE tiene establecido que cuando se imputa a algún cargo público por delitos urbanísticos o medioambientales, se tiene que presentar la dimisión, a diferencia de lo que sucede en el PP, que esperan para abandonar el cargo público a estar condenados". Realmente en este caso ha habido una máxima diligencia por parte de los dirigentes socialistas que han adoptado esta decisión, ya sean los del PSOE de Lubrín o los propios dirigentes provinciales de esta formación. Y es que no ha pasado un mes desde que el juez tramitara este expediente hasta que se ha producido la dimisión.

Fuentes jurídicas consultadas también por IDEAL aseguraron que además del delito de prevaricación urbanística, el ex concejal del PSOE de Lubrín podría haber incurrido en otro de falsedad en documento público, ya que un alcalde no puede certificar, sino informar y el ex edil expidió una licencia de primera ocupación para el chalé construido en suelo protegido cuando era regidor de la localidad de Lubrín.