Noticias Ya.com

La inclusión en el Código Penal de los delitos contra la seguridad del tráfico puede agravar la situación de colapso que viven actualmente los juzgados de Málaga, con 11.000 sentencias pendientes de ejecutar. Pero aún más, las condenas más leves con las que están penadas estos nuevos delitos, como los trabajos en beneficio de la comunidad por conducir sin carné, corren el riesgo de no llegar a aplicarse por escasez de lugares donde realizar esa labor social. Incluso se puede llegar al extremo de que estas penas prescriban al cabo del año, con lo que el delito quedaría sin castigo.

El juez decano de Málaga, Manuel Caballero-Bonald advierte de que la reciente reforma en materia de seguridad vial llevará más trabajo a los ya sobrecargados juzgados de lo penal de la capital, que son los competentes para hacer cumplir las sentencias que se impongan por delitos de tráfico, por lo que las resoluciones pendientes de ejecutar (unas 1.100 por juzgado) pueden aumentar. También alertó de la dificultad que puede suponer aplicar las penas de trabajo en beneficio de la comunidad por la "escasez" de plazas donde poder llevarlas a cabo.

Caballero-Bonald recuerda que hasta el pasado lunes 40 personas habían sido detenidas en la capital por circular sin permiso. "En el 95% de los casos por delito de tráfico se suelen dar sentencias de conformidad, con condenas sobre todo de multa o trabajos en beneficio de la comunidad, que habrá que poner a la cola y en el montón de las ejecutorias (las pendientes de aplicación) que ya arrastran los juzgados de lo penal", explica.

Esta circunstancia ha sido criticada por el juez decano, para quien la reforma no viene acompañada de los medios suficientes: "Me parece estupendo que se considere delito conducir sin permiso o teniéndolo retirado por haber perdido los puntos, en el sentido de que los jueces cumplimos la ley tal y como se aprueba, pero no me parece estupendo que ese incremento no venga acompañado de la creación de nuevos juzgados". Además, criticó la "escasez" de plazas donde cumplir los trabajos en beneficio de la comunidad, lo que provoca que los condenados a estas penas pasen a engrosar una "lista de espera" a que le toque el turno. Añadió que una de las principales preocupaciones de los jueces es que en esa espera estas condenas no lleguen a prescribir -las penas de trabajos en beneficio de la comunidad quedan sin efecto al año- por lo que "es uno de los criterios de preferencia a la hora de ejecutar las sentencias".

Los trabajos en beneficio de la comunidad los gestiona directamente Instituciones Penitenciarias. Actualmente se dispone de 280 plazas para toda la provincia de Málaga. Se trata de trabajos concertados con los ayuntamientos en brigadas de obras, limpieza, mantenimiento, deporte, servicios sociales, jardines, oficios y protección civil, por periodos de tres, seis o doce meses, que suelen cumplirse en el lugar donde vive el penado o en los alrededores. Los consistorios son los encargados de controlar el trabajo y de cómo se está realizando, así como de informar de las posibles incidencias a Instituciones Penitenciarias, que a su vez las comunica al juzgado. Aunque son dados de alta en la Seguridad Social (los ayuntamientos pagan seis euros al mes por trabajador), estas personas no cobran salario, sino que pagan la pena con su trabajo.